Decreto autos chocolate: Industria automotriz pierde, el gobierno gana

Desde que se implementó el Decreto para la regularización de autos usados provenientes de Estados Unidos en enero de 2022, la industria automotriz mexicana ha sufrido importantes repercusiones.

Este decreto, que inicialmente parecía una solución para la problemática de los llamados “autos chocolate” o vehículos que ingresan al país sin cumplir con los trámites aduanales formales, ha impactado negativamente tanto en la venta de autos nuevos como en la de seminuevos.

Sin embargo, mientras la industria automotriz se ve afectada, el gobierno ha salido beneficiado, principalmente por la entrada de dinero derivada del pago por la regularización e impuestos.

Desde que inició el programa, se han regularizado más de dos millones y medio de vehículos, lo que ha generado una recaudación significativa para el gobierno, que en el primer semestre de 2024 ascendió a mil 33 millones de pesos.

Este ingreso, sin duda, ha sido bien recibido en las arcas del gobierno mexicano. No obstante, detrás de este éxito fiscal se oculta un problema mucho mayor: la afectación directa a la economía formal y la industria automotriz mexicana.

Uno de los aspectos más preocupantes de este decreto es cómo ha desestimulado la compra de autos nuevos, esto quiere decir que la venta de autos nuevos podría ser mayor.

Por ejemplo, en lugares como Chihuahua, el estado con mayor número de vehículos regularizados, el mercado de autos nuevos ha retrocedido un 5.6% en comparación con el año anterior. Mientras que a nivel nacional la venta de vehículos nuevos ha crecido un 12.2%, entidades como Baja California apenas han visto un avance del 2.1%.

Este contraste evidencia que la regularización masiva de autos usados provenientes del extranjero está afectando gravemente a la industria automotriz, que ha visto reducida su capacidad de competir en estos mercados.

Como lo ha venido diciendo la AMDA (Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores), lejos de combatir el contrabando de vehículos, el decreto podría incentivarlo. Y eso es justamente lo que ha ocurrido. Aunque el decreto establecía ciertos requisitos para la regularización de los autos, como que los vehículos debían haber sido ingresados al país antes de octubre de 2021, esto no ha sido respetado en muchos casos.

Al día de hoy, muchos autos continúan entrando ilegalmente, y la corrupción dentro de las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley ha facilitado la venta y regularización de estos vehículos sin cumplir con los controles estipulados.

Este fenómeno ha dado lugar a una serie de problemas colaterales. No sólo se ha visto un aumento en la presencia de autos sin los estándares mínimos de seguridad y emisiones, sino que también se ha detectado una creciente participación de grupos del crimen organizado en este proceso.

Ciertas bandas delictivas han encontrado en el contrabando de autos un negocio lucrativo, aprovechando las lagunas y fallos en el control gubernamental para traficar y vender vehículos que, en muchos casos, son reportados como siniestrados o pérdida total en Estados Unidos.

Este es uno de los puntos más alarmantes del decreto. Muchos de los autos que han sido regularizados son vehículos que, en su país de origen, han sido considerados no aptos para circular debido a los daños que presentan.

Estos autos representan un grave riesgo para los conductores y para la seguridad vial en general, dado que no cumplen con los estándares mínimos de seguridad. Aparte, este tipo de vehículos suelen ser altamente contaminantes, lo que agrava aún más el problema de la calidad del aire, especialmente en las ciudades fronterizas del norte del país, donde se concentra el mayor número de estos autos regularizados.

De igual forma, la saturación de las vialidades es otro de los efectos negativos que ha traído consigo la regularización masiva de estos vehículos. Estados como Chihuahua y Baja California, que ya de por sí enfrentan problemas de tráfico, han visto un incremento significativo en el número de vehículos circulando, lo que complica aún más la movilidad en las principales ciudades de estas entidades.

Por otro lado, desde una perspectiva gubernamental, el decreto ha sido una herramienta eficaz para captar recursos fiscales. Con una cuota única de 2,500 pesos por vehículo regularizado, el gobierno ha obtenido un flujo constante de ingresos que ha contribuido a las finanzas públicas y también ha servido para financiar otros programas sociales. Sin embargo, esta ganancia económica a corto plazo no compensa el daño estructural que se está generando en el sector automotriz y en la economía formal.

Del mismo modo, el impacto sobre la industria automotriz no se limita únicamente a la venta de autos nuevos. Algunos concesionarios de autos seminuevos también han visto mermadas sus ventas, ya que los autos chocolate, que suelen ser más económicos, representan una alternativa más accesible para muchos compradores.

Esto ha generado una competencia desleal para los vendedores formales, quienes deben cumplir con estrictos controles de calidad, seguridad y emisiones que los autos importados de contrabando no cumplen.

Ahora, con la decisión del presidente López Obrador de extender el decreto por dos años más, antes de dejar la presidencia, ha generado controversia. Muchos esperaban que la nueva administración, encabezada por Claudia Sheinbaum, quien ha demostrado un compromiso más sólido con la protección ambiental y el desarrollo económico formal, revertiera esta política. Sin embargo, esta extensión no solo perpetúa los problemas ya mencionados, sino que también compromete el futuro de la industria automotriz en México.

Mientras que el gobierno ha salido beneficiado con la regularización de autos usados provenientes de Estados Unidos, la industria automotriz mexicana se enfrenta a una situación adversa.

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