La guerra civil en la Cooperativa Cruz Azul abre un nuevo capítulo
Un comunicado supuestamente atribuido a la directiva de la cooperativa había anunciado la destitución, mediante orden judicial, de Guillermo Álvarez al frente de la institución. El conflicto data desde 2009.
La Cooperativa Cruz Azul vivió un día de versiones encontradas, comunicados contradictorios y tensión a las afueras de sus oficinas, ubicadas en el sur de la Ciudad de México. La supuesta destitución del director general de la empresa cementera, Guillermo Álvarez, movilizó a la disidencia que le acusa de ejercer el cargo sin sustento legal desde 2013.
A partir de las 7 de la mañana, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX comenzaron a realizar diligencias en las oficinas de la Cooperativa para cumplir con la orden emitida por un juez federal. El mandato judicial, al que AS tuvo acceso, fechado el 2 de agosto de 2019 y expedido por el Juez Tercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, estipulaba restituir el acceso al corporativo a 13 socios disidentes de la gestión de Álvarez, la instauración de José Antonio Marín Gutiérrez como interventor encargado de la administración de los recursos económicos de la empresa, y la destitución de Guillermo Álvarez como director general.
Al medio día, un comunicado de prensa atribuido a la gerencia de la cooperativa anunció la destitución de Álvarez, en acato a la misma resolución del Juez Tercero de Distrito. El oficio también estableció que las oficinas habían sido entregadas a socios pertenecientes al consejo de administración de la cementera. A las afueras del recinto, cuatro patrullas de la SSC de la capital y un grupo de socios disidentes montaron guardia. Fuentes del grupo opositor a “Billy” aseguraron a AS que el operativo policial consistía en evitar el saqueo documentos y en vigilar las accionas de un supuesto grupo de choque afín a Álvarez que merodeó los alrededores de las oficinas durante toda la tarde. Los policías no tenían una orden de desalojo mediante el uso de la fuerza para cumplir con la orden judicial.
La guerra civil en la Cooperativa Cruz Azul abre un nuevo capítulo
Víctor Manuel Velázquez, socio disidente de la cooperativa que fungía como director comercial hasta su detención en abril de 2019 por cargos de extorsión, aseguró que las dos primeras diligencias se habían completado y que el emplazamiento de la dirección general estaba en curso. Sin embargo, en torno a las 2:30 de la tarde, la vocería de la Cooperativa emitió un nuevo boletín, firmado por Karla Fernández, en el que niega toda actuación policial; desconoce el comunicado original, al asegurar que no fue redactado por ninguna representación legal adscrita a la Cooperativa, y refrenda que la dirección general continúa, hasta entonces, con sus actividades en total normalidad.
El episodio se añade a una larga historia por el control de la Cooperativa. En 2009, un pleito entre los hermanos Álvarez Cuevas, Guillermo y Alfredo, destapó la caja de Pandora. “Billy” fue señalado de haber desviado fondos de la cementera a paraísos fiscales. Un año después, la Subprocuraduría Especializada en Investigaciones y Delincuencia Organizada de la PGR inició una investigación contra Álvarez y otros miembros del Consejo de Administración. En 2012, Alfredo Álvarez y su grupo fueron expulsados de la Cooperativa, pero, un año más tarde, quedaron restituidos en sus puestos tras una Asamblea General. Víctor Manuel Velázquez relató, a las afueras del corporativo, que la resolución 85, firmada por juez federal en 2013, instruye que la dirección de las actividades en una sociedad cooperativa, por su constitución ante la ley, debe ser ejercida por el Consejo de Administración. La instrucción, desde entonces, continúa en desacato, denunció Velázquez.
A las 4:30 de la tarde, el grupo disidente liderado por Velázquez aún no podía ingresar a las oficinas, que están bajo el resguardo de la policía bancaria, pese al alegato del nuevo interventor. Y “Billy” continuaba en su cargo.