Qué dice la nueva Ley de Ciberseguridad de Puebla y por qué el gobierno de Claudia Sheinbaum se ha posicionado en contra

La recientemente aprobada Ley de Ciberseguridad en Puebla ha generado una intensa polémica a nivel nacional, razón por la cual será revisada por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Esta legislación, impulsada originalmente por José Luis García Parra en noviembre de 2024, fue aprobada por el Congreso local y publicada oficialmente el pasado 13 de junio de 2025. Sin embargo, su contenido ha despertado fuertes críticas, especialmente por el artículo que penaliza el “ciberasedio”, definido como el uso reiterado de insultos o agravios en espacios digitales.

Diversos sectores de la sociedad civil, periodistas y legisladores de oposición han señalado que esta disposición representa una amenaza directa a la libertad de expresión.

Organizaciones como ARTICLE 19 y la Red de Periodistas de Puebla han advertido que la ambigüedad del término “ciberasedio” podría prestarse a interpretaciones discrecionales y abusos, afectando la labor informativa y la participación crítica en redes sociales.

Durante la conferencia matutina del 17 de junio, Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación, expresó claramente el rechazo del gobierno federal a cualquier intento de censura.

Subrayó que la administración de Sheinbaum está a favor de respetar la libertad de expresión y reconoció como positivo que el gobernador Alejandro Armenta haya convocado a foros públicos para discutir la ley, aunque enfatizó que es necesario ir más allá del diálogo y hacer correcciones de fondo si se detectan violaciones a derechos.

A pesar de que la ley ya ha sido publicada en el Periódico Oficial del Estado, el gobernador Armenta se comprometió a escuchar a la ciudadanía y abrir espacios de participación, aunque sus acciones han sido calificadas por algunos analistas como tardías o insuficientes. La politóloga Denise Dresser, por ejemplo, ironizó sobre la situación al señalar en redes sociales que “el chiste se cuenta solo”.

Además del ciberasedio, la nueva legislación contempla otros delitos como el grooming, el espionaje digital y la usurpación de identidad con fines sexuales, sancionados con penas de hasta ocho años de prisión. Sin embargo, la falta de precisión jurídica en muchas de estas figuras ha provocado que expertos alerten sobre su potencial uso arbitrario.

Las críticas se centran principalmente en que la ley incumple con el principio de taxatividad, es decir, no delimita de forma clara lo que se considera delito, lo que abre la puerta a castigos injustificados contra ciudadanos comunes, periodistas o activistas. Esta preocupación se ha visto reflejada en múltiples comunicados y llamados a reformar el texto legal.

Por ahora, los insultos en redes sociales ya son considerados delito en Puebla, y aunque las autoridades han abierto el diálogo, el gobierno federal ha dejado clara su postura: no se tolerarán normas que atenten contra la libertad de expresión. El destino de la Ley de Ciberseguridad queda en manos de la revisión que prometieron tanto el Congreso local como el Ejecutivo federal.

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