Los expertos se pronuncian y aconsejan si salir a votar o no en la Elección Judicial
La discusión principal entre especialistas en derecho y política gira en torno a la conveniencia misma de participar.

La Elección Judicial del próximo 1 de junio ha provocado un debate que va más allá de los perfiles de los candidatos. La discusión principal entre especialistas en derecho y política gira en torno a la conveniencia misma de participar.
Para algunos, el voto representa una defensa de la democracia; para otros, la abstención se configura como una forma legítima de protesta ante un proceso que califican como opaco y mal estructurado.

Expertos consultados por La Silla Rota coinciden en que este proceso fue diseñado de manera apresurada, sin reglas claras ni condiciones que garanticen transparencia e imparcialidad. Aunque tienen posturas divergentes respecto a participar o no en la elección, todos señalan que el contexto en el que se desarrolla deja mucho que desear desde el punto de vista democrático e institucional.
Arturo Espinosa, director del Laboratorio Electoral, sostiene que no votar sería ceder el control de la justicia a intereses clientelares. Reconociendo las fallas del proceso, insiste en que hay perfiles preparados en las boletas y que la ciudadanía debe participar para impedir que los cargos sean ocupados por personas incondicionales al oficialismo. Para él, no votar es permitir que quienes no toman buenas decisiones definan el rumbo del país.
Por su parte, Eduardo Ríos, investigador de la UNAM, considera que el voto es una obligación moral y política. Aclara que manifestarse mediante un voto nulo también es válido, siempre que implique participación activa. “No votar es rendirse”, afirma, y subraya que la presencia en las urnas refuerza el sistema democrático, aún en desacuerdo con la reforma judicial.
En contraste, la analista política Paula Sofía Vásquez argumenta que abstenerse es un acto de protesta legítimo. Para ella, el proceso está manchado desde su origen, impulsado por una campaña de desprestigio contra el Poder Judicial y avalado en el Congreso mediante prácticas cuestionables. Asegura que participar es convalidar una elección mal hecha, sin reglas claras ni un marco legislativo sólido.
Vásquez también critica la falta de un mínimo de participación requerido para validar la elección, lo cual podría permitir que jueces sean elegidos con apenas unos miles de votos en un país con más de 90 millones de electores. En su opinión, esta es una de las fallas más graves del proceso, ya que deslegitima cualquier resultado obtenido.

Juan Jesús Garza Onofre, también investigador de la UNAM, adopta una postura neutral. No busca convencer a nadie, pero personalmente rechaza participar en una elección que considera viciada. Señala que abstenerse también es una forma válida de ejercer derechos políticos, siempre que esté motivada por una reflexión crítica sobre el proceso.
Finalmente, aunque los expertos no coinciden en si votar o no, todos comparten un diagnóstico pesimista sobre el futuro del sistema judicial. Espinosa cree que la justicia se politizará, aunque aún puede rescatarse si llegan perfiles sólidos.
Vásquez advierte que el sistema puede perder toda credibilidad, y Ríos concluye que, aunque no habrá grandes mejoras, los problemas van más allá del método de elección, y radican en deficiencias estructurales como la sobrecarga y la falta de capacitación.

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