Nuevo decreto autos chocolate: Expansión de asiáticos y veto al Lujo

La política de regularización de vehículos de procedencia extranjera, conocida popularmente como el decreto autos chocolate, ha entrado en una fase fundamental con su extensión formalizada hasta el 30 de noviembre de 2026 por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Es importante señalar que esta prórroga no es una simple repetición del programa; por el contrario, constituye una profunda recalibración que genera un impacto dual y significativo en las decisiones de compra del consumidor.

Desde una perspectiva, el programa expande su alcance de manera drástica, elevando la oferta disponible para los segmentos de presupuesto bajo y medio. La inclusión explícita de vehículos cuyo Número de Identificación Vehicular (NIV o VIN) empieza con una letra, un grupo anteriormente excluido y que concentra a la inmensa mayoría de las unidades de origen asiático o europeo, representa la expansión de mercado más significativa que se haya visto desde el inicio de esta medida. Por consiguiente, hay mucha más variedad circulando que antes.

A pesar de la apertura, el decreto aplica una restricción quirúrgica en el extremo superior del mercado. En respuesta a los “abusos” que el gobierno ha reconocido públicamente, la nueva regulación prohíbe de manera inequívoca la legalización de una extensa lista de vehículos de lujo, deportivos de alto rendimiento y unidades blindadas.

Es verdad que el costo federal del trámite se mantiene fijo en $2,500 MXN, más este monto no representa el desembolso total para el propietario final. La política sigue polarizando opiniones: ofrece una vía de legalización accesible para millones, pero enfrenta la oposición frontal de la industria automotriz formal (AMDA y Canaco), la cual insiste en que esto es una “borrachera de importación” y una legalización del contrabando.

Ampliación de la base y veto al lujo

La continuación de este programa se oficializó mediante un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en noviembre de 2025, extendiendo su vigencia. Esta acción es la primera medida sustantiva de la nueva administración sobre este programa heredado. Por ello, subraya una continuidad política, si bien con ajustes importantes.

La justificación gubernamental para la extensión del programa se apoya en pilares sociales y de seguridad. Buscan otorgar “certeza y seguridad jurídica” a los propietarios, protegiendo el “patrimonio familiar” y facilitando el acceso a un medio de transporte.

Asimismo, un objetivo constante es la seguridad pública; al exigir la inscripción de estos vehículos en el Registro Público Vehicular (REPUVE), se espera identificar plenamente a los dueños y evitar que los vehículos sean usados en actos ilícitos.

Esta dualidad es justamente lo que define el nuevo decreto autos chocolate: busca contentar a dos públicos con intereses opuestos. Se extiende el programa para mantener el “sentido social” y el beneficio político que esto conlleva.

Al mismo tiempo, se realizan ajustes—principalmente a través de la lista de exclusión de lujo— para calmar las críticas de la industria formal y atacar los “abusos” más descarados. Las sucesivas prórrogas que hemos visto desde 2011 evidencian una realidad: la regularización ha dejado de ser una medida de emergencia temporal para convertirse en una política de mercado cuasi-permanente.

Este carácter crónico inhibe severamente la inversión en el mercado formal de vehículos seminuevos, que se vuelve incapaz de competir contra una fuente de suministro paralela y subsidiada por el Estado.

La reconfiguración crítica del NIV

Para el individuo que considera comprar y legalizar un “auto chocolate”, la redefinición de vehículos elegibles es la parte más atractiva. El programa permite la regularización de unidades cuyo año-modelo sea 2019 o anterior, siempre y cuando estas hayan ingresado físicamente a México antes del 19 de octubre de 2021. Este último punto es, a decir verdad, el requisito más controversial, pues críticos afirman que es una formalidad legal fácilmente eludida por contrabandistas.

Anteriormente, solo aplicaban los vehículos T-MEC, identificados porque el NIV inicia con los números 1, 2, 3, 4 o 5, siendo estos fabricados o ensamblados en México, Estados Unidos o Canadá. Ahora bien, el cambio más significativo del nuevo decreto autos chocolate es la inclusión de vehículos cuyo NIV arranca con una letra.

Estos, típicamente de origen asiático (Corea, Japón) o europeo, inundan ahora el mercado de segunda mano con millones de unidades adicionales, aumentando la competencia y deprimiendo los precios de los seminuevos nacionales. Se trata de sedanes y camionetas de marcas japonesas de alto prestigio que, de esta forma, pasan a ser legales.

La respuesta a los “abusos” se plasma en una lista de exclusiones estrictas que representan el mayor riesgo de pérdida para un comprador desinformado. El decreto prohíbe, primero que nada, los vehículos con reporte de robo, así como aquellas unidades con “restricciones técnicas o que no cumplan con las normas de seguridad y emisiones ambientales”.

Esto significa que un título de Estados Unidos marcado como “Salvage” (rescatado), “Rebuilt” (reconstruido), o “Junk” (chatarra) será rechazado al presentarse en el módulo REPUVE.

La exclusión de vehículos blindados es total. En efecto, el decreto establece: “NINGUNA MARCA Y MODELO” de vehículo blindado podrá ser legalizado. En lo relativo al lujo, para detener la importación de unidades de alta gama, se publicó una “lista negra” de marcas prohibidas.

Para aquellos que buscan vehículos de alto valor o deportivos, la ley es estricta. El gobierno ha definido con precisión qué unidades no pueden ser regularizadas, independientemente de su año-modelo. Esta lista es una concesión muy clara a las demandas de la AMDA.

Costos y riesgos

El costo para legalizar un vehículo es engañoso. El desembolso se compone del pago federal de $2,500 MXN más los costos obligatorios estatales. Una vez completada la regularización federal, el propietario debe realizar el emplacamiento estatal (obtención de placas y tarjeta de circulación).

Por ejemplo, los costos de placas pueden variar entre $900 MXN y $1,550 MXN, dependiendo de la entidad federativa. Por consiguiente, el costo real para el comprador siempre será el Precio de Compra del Vehículo sumado a los $2,500 MXN y el Costo de Placas Estatales.

El decreto como política

El principal problema del decreto autos chocolate es que ha dejado de ser una solución social para una situación pasada y se ha transformado en una política de mercado permanente que normaliza la ilegalidad.

Para el consumidor, el impacto inmediato parece positivo, pues el poder adquisitivo aumenta al tener acceso a transporte más barato. Ahora bien, este beneficio es superficial. El comprador de un “auto chocolate” asume riesgos significativos, principalmente el de adquirir un auto con título Salvage sin saberlo.

Si bien el decreto pretende excluir vehículos inseguros, la revisión en los módulos REPUVE es esencialmente documental (verificación de NIV y título), no una inspección mecánica profunda.

El proceso de Manifiesto de decir la verdad transfiere toda la responsabilidad legal del cumplimiento del Estado al individuo. Por ende, el programa está legalizando vehículos potencialmente inseguros, transfiriendo el riesgo del regulador al comprador y al resto de los conductores.

Además de esto, el decreto distorsiona gravemente la economía automotriz. Mientras que beneficia a la población de menores ingresos, provoca una caída en el valor de reventa de los vehículos nacionales. Así pues, se afecta el valor patrimonial de millones de familias de clase media.

Las sucesivas extensiones solo incentivan a los contrabandistas a internar más vehículos ilegalmente, con la certeza de que tarde o temprano podrán regularizarlos. En consecuencia, la postura de la industria formal de que se está “premiando la ilegalidad” tiene un sustento sólido.

En el futuro, el programa seguirá vigente debido a su popularidad. Por lo tanto, es muy probable que los próximos “ajustes” se centren en endurecer los requisitos de cumplimiento ambiental y de seguridad, pasando de una simple verificación de documentos a inspecciones de emisiones, como paso lógico para gestionar esta “borrachera de importación” de una manera más responsable. El comprador debe actuar con cautela extrema.