Autos chocolate: ¿Modificaciones profundas o fin al decreto?

El fenómeno de los autos chocolate en México se ha convertido en un tema de debate permanente, esto debido a que beneficia a millones de familias y, al mismo tiempo, afecta a una industria automotriz que resiente cada vehículo irregular que cruza la frontera.

Lejos de ser un simple trámite administrativo, la regularización de estas unidades representa un complejo entramado social, fiscal y de seguridad que ahora, bajo una nueva administración, parece dirigirse hacia un punto de inflexión.

Socialmente, toca las fibras de la necesidad y la aspiración; fiscalmente, pone en la balanza una recaudación modesta frente a la evasión de impuestos sustanciales; y en materia de seguridad, abre una ventana a la incertidumbre sobre el origen y uso de estos vehículos.

Por tanto, la discusión ya no gira únicamente en torno a extender los plazos, sino en redefinir por completo las reglas del juego o, quizás, dar por terminado el capítulo de una vez por todas.

Lo que comenzó como una medida para dar certidumbre a los poseedores de vehículos de procedencia extranjera, se transformó en un programa de dimensiones colosales. Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se defendieron los decretos de regularización como un acto de justicia social, una forma de integrar a la formalidad a quienes, por diversas circunstancias, encontraron en un auto importado de manera irregular la única vía para movilizarse.

Para muchos trabajadores del campo o habitantes de zonas con transporte público deficiente, estos vehículos no son un lujo, sino una herramienta de subsistencia. Las cifras oficiales respaldan esta narrativa: con más de 2.5 millones de vehículos regularizados, se ha otorgado certeza jurídica y protección al patrimonio de un sector importante de la población, principalmente en los estados fronterizos y del norte.

A su vez, este programa ha permitido la recaudación de casi 6,400 millones de pesos, destinados en teoría a la pavimentación de calles en esos mismos municipios, lo que se presentaba como un beneficio tangible y directo que mejora la calidad de vida y la infraestructura local.

Un impacto directo a la economía formal

Desde una perspectiva distinta, el panorama que dibuja la industria automotriz formal es considerablemente más sombrío. Para la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), cada auto “chocolate” que se regulariza es una venta que no se concreta en una agencia, un eslabón que se rompe en una cadena productiva que genera miles de empleos y una porción significativa del Producto Interno Bruto nacional.

La crítica central apunta a que el decreto ha fomentado una competencia desleal devastadora. Mientras un comprador en el mercado formal enfrenta financiamientos, seguros, garantías y el pago completo de impuestos como el IVA y el ISAN, el programa de regularización ofrece una vía casi instantánea por un pago único de 2,500 pesos, creando una distorsión profunda en el mercado.

Esta situación, argumentan los distribuidores, provoca una merma en la recaudación fiscal que empequeñece los beneficios obtenidos por el programa. El problema se profundiza al considerar el impacto ambiental; muchos de estos vehículos, a menudo con más de una década de antigüedad, no cumplen con los estándares de emisiones de México, carecen de convertidores catalíticos funcionales y se convierten en fuentes móviles de contaminación en ciudades que ya luchan contra la mala calidad del aire.

Igualmente preocupante es el tema de la seguridad pública y vial. La AMDA ha señalado que la falta de un control riguroso facilita que vehículos declarados como pérdida total en Estados Unidos por inundaciones o choques graves, y que carecen de elementos básicos de seguridad como bolsas de aire funcionales, sean reparados estéticamente e importados, poniendo en riesgo a sus ocupantes.

Asimismo, la opacidad del proceso favorece actividades ilícitas como el lavado de dinero y la actividad del crimen organizado, al no existir una trazabilidad clara de quién importa los vehículos y con qué fines.

¿Modificaciones profundas o un cierre definitivo?

Tras el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de que el decreto sufrirá modificaciones ha inyectado una nueva dinámica al debate. La mandataria reconoció que “ha habido abusos en esta apertura”, una afirmación que valida, en cierta medida, las preocupaciones expresadas por el sector empresarial y la ciudadanía. La pregunta que queda en el aire es qué tipo de cambios se implementarán para que el programa no se convierta en un incentivo perverso.

Un endurecimiento de las condiciones parece la vía más lógica; esto podría traducirse en inspecciones físico-mecánicas rigurosas que verifiquen el estado de frenos, suspensión y chasis, o la exigencia de certificados de control de emisiones, similares a las verificaciones obligatorias en el centro del país. Incluso se baraja un incremento en el costo del trámite que, sin ser prohibitivo, refleje de mejor manera el valor de la regularización y desincentive la importación masiva.

Otra posibilidad es que las modificaciones apunten a limitar el universo de vehículos candidatos, por ejemplo, acotando aún más los años-modelo permitidos para evitar que México se convierta en el destino final de la chatarra automotriz de Norteamérica.

También podrían establecerse criterios más estrictos para demostrar la posesión del vehículo antes de una fecha determinada, buscando así cerrar la puerta a quienes vieron en el decreto una oportunidad de negocio y no una solución a una necesidad preexistente.

El escenario más drástico, y el que anhela la industria formal, sería poner una fecha de caducidad definitiva al programa, sin más prórrogas. Esta acción enviaría una señal inequívoca de que el camino para adquirir un vehículo en México es a través de los canales formales, protegiendo así el mercado interno y la inversión.

Queda claro que los autos chocolate son el reflejo de una realidad dual, un espejo de las contradicciones de México. Por una parte, representan la solución de movilidad tangible y asequible para un segmento de la población con limitado poder adquisitivo, que se siente excluido del mercado formal. Son el motor que impulsa pequeñas economías locales.

Por la otra, constituyen un desafío mayúsculo para la economía estructurada, un riesgo para el medio ambiente y un factor de vulnerabilidad para la seguridad pública. El próximo paquete presupuestario y las decisiones de la Secretaría de Hacienda serán cruciales.

La nueva administración se encuentra en una encrucijada: continuar por la senda de una regularización que, si bien es popular, ha mostrado efectos secundarios adversos, o transitar hacia un modelo que privilegie la formalidad y el estado de derecho, aun a costa de enfrentar el descontento de millones que ven en estos vehículos una herramienta indispensable para su subsistencia.

La balanza deberá inclinarse, y el resultado no solo definirá la política automotriz, sino una parte importante de la visión económica y social del país en los años venideros.