La declaración patrimonial de Edgar González está incompleta

El expelotero fue dado de alta en la Administración Pública Federal (APF) el 16 agosto de 2019. Desde entonces, ostenta un puesto de 'director general eventual' en la Secretaría de Educación Pública, una figura creada para direccionar sin contratiempos burocráticos el presupuesto de la dependencia hacia los programas de ProBeis. De acuerdo al artículo 108º de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, todo servidor público que desempeñe un cargo o comisión en las entidades de la AFP o en las empresas productivas del Estado está obligado a presentar su declaración patrimonial inicial en cuanto asuma sus funciones. Hasta entonces, González estaba exento de los requerimientos con los que debe cumplir todo funcionario público en tanto él y ProBeis operaban fuera de la estructura orgánica del gobierno.

AS revisó la declaración inicial del comisionado nacional de béisbol, en la que acredita haber cursado, sin conclusión, la Licenciatura en Marketing en la Universidad de San Diego durante ocho semestres. En su experiencia laboral, González incluye sus cargos de manager en los New York Yankees (de diciembre de 2017 a diciembre de 2018) y en los Gigantes de Yomiuri de la Liga Japonesa de Béisbol Profesional (de diciembre 2014 a diciembre 2017). El expelotero también dio parte de su trabajo como comentarista de béisbol en Fox Sports, el cual inició en abril de 2015 y finalizó en octubre de 2019, dos meses después de su alta en la AFP. Estos fueron los únicos apartados que González transparentó al convertirse en funcionario. El último renglón de la declaración muestra que toda la información fue capturada por el mismo servidor público, quien no estuvo de acuerdo en exhibir su patrimonio ni sus posibles conflictos de interés, en los que podría incurrir si desarrollara alguna actividad paralela en el sector privado que pueda verse favorecida por acción directa de su gestión en gobierno.

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Según el artículo 29 del texto actual de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, "las declaraciones patrimoniales y de intereses serán públicas salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución". Los funcionarios suelen invocar la citada redacción para justificar la presentación incompleta de sus declaraciones. Sin embargo, dicha opacidad no converge con los postulados del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Durante su rueda de prensa del 3 de enero de 2019 en Palacio Nacional, el mandatario advirtió: "El que no dé a conocer sus bienes alegando que la ley no se los exige, no va a poder desempeñarse en este gobierno". Después del ultimátum, secretarios de Estado como Esteban Moctezuma Barragán (SEP) y Olga Sánchez Cordero (Gobernación), quienes también se habían negado a publicar sus declaraciones completas, accedieron a transparentar el monto de su patrimonio y sus posibles conflictos de interés.

Si bien no es una obligación cumplimentar el formato en su totalidad, sí lo es entregar la declaración ante el Órgano de Control competente, u homólogo, de cada dependencia. De acuerdo al artículo 33 de la misma ley, el funcionario deberá presentar a lo largo de su encargo tres tipos de declaración: la inicial (dentro de los 60 días naturales posteriores a la toma de posesión), de modificación (durante el mes de mayo de cada año de su ejercicio), y de conclusión (dentro de los 60 días naturales posteriores al término del encargo. El funcionario que no cumpla con sus declaraciones en tiempo y forma incurre en una falta administrativa. En respuesta a petición de AS, ProBeis no facilitó una declaración de Edgar González por saturación de agenda y confirmó que el funcionario ya modificó su declaración inicial el pasado 1º de mayo, la cual aún no es pública.

¿Por qué Edgar González entró a la SEP?

Desde su puesta en marcha, en marzo de 2019, ProBeis se nutre del presupuesto del programa E068 de la SEP (Educación Física de Excelencia), del que también dependen la Comisión Nacional de Box (Conabox) y la Comisión de Caminata. La Oficina no es una institución de la Administración Pública Federal. No existe dentro de la estructura del Estado mexicano. Por ello, el encaje de ProBeis en la Secretaría ralentizó el flujo de los recursos. No fue sino hasta julio de 2019 cuando la Oficina pudo ejercer el presupuesto público. En entrevista con AS en mayo, González achacó el contratiempo a una demora en el trámite de la Oficialía Mayor de la SEP. De hecho, el comisionado fungía como un intermediario entre la SEP y los entes, privados y públicos, en quienes se invertirían los recursos. El actual cargo de González facilita la circulación del presupuesto a favor de su Oficina. Antes no tenía facultades jurídicas para disponer del dinero público. Su gestión se limitaba a firmar convenios con gobiernos estatales (a través de los Institutos del Deporte) y vigilar la correcta inversión del recurso.

Sin embargo, la federación recortará el presupuesto de ProBeis en 2020 como resultado de las medidas gubernamentales para combatir las secuelas económicas de la pandemia del COVID-19. De los 350 millones de pesos asignados en 2019, la Oficina, en inicio, recibirá 280 MDP. Al menos. La reducción podría acentuarse, en consonancia con la política de austeridad que impulsa el gobierno federal y la reasignación de recursos para 'proyectos prioritarios', como los programas sociales post-pandemia (Créditos a la palabra, Tandas del Bienestar), el Aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya, entre otros.