COFECE investiga al Fútbol Mexicano por prácticas monopólicas
La Comisión Federal de Competencia Económica investiga al fútbol mexicano por posibles prácticas monopólicas; De comprobarse, las sanciones irían desde multas hasta prisión para los responsables.
Luego de que se diera a conocer que tanto América como Cruz Azul recibieron la visita de representantes de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) para entregar citatorios, Sergio López, titular de la Autoridad Investigadora de dicha comisión explicó que se realiza una investigación sobre posibles conductas monopólicas en el caso de fichajes de jugadores.
En entrevista con ESPN, López explicó que esta investigación de oficio apenas inicia y que puede derivar en dos situaciones: que no haya delito qué perseguir o, en caso contrario, pudiera acarrear multas que van del 10% de los ingresos del ingreso de las empresas (clubes), hasta 5 o 10 años de prisión para quienes resulten responsables.
“La investigación inicia de oficio. Deriva de monitoreos constantes que realiza la Autoridad investigadora de la comisión sobre ciertas conductas que puedan ser contrarias a la Ley Federal de Competencia Económica. Para iniciar cualquier tipo de investigación debemos contar con lo que la ley denomina una causa objetiva, es decir, cualquier indicio que nos haga suponer que en cualquier mercado, en este caso el mercado de fichajes de jugadores de futbol, pudieran estar llevándose a cabo prácticas monopólicas, en este caso prácticas monopólicas absolutas.
"Puede haber multas que van del 10% de los ingresos de las empresas. Las prácticas monopólicas absolutas son un delito y las personas podrían enfrentar prisión de 5 a 10 años. Estamos en etapa de investigación, ahora sería prematuro decir en qué va a terminar la investigación".
“La investigación inicia por un monitoreo que realiza la dirección general de inteligencia de mercados de la Comisión federal de Competencia y ahí detectamos información que nos lleva a suponer que pudieran darse este tipo de conductas dentro del mercado investigado.
“Investigamos la posible comisión de prácticas monopólicas absolutas, eso quiere decir que existen ciertos competidores que se pudieron poner de acuerdo para llevar ciertas conductas. Hay unas que la ley prohíbe: un competidor no puede sentarse con otro para fijar precios de un determinado bien o servicios, para restringir la oferta de un determinado mercado, para dividirse el mercado, para intercambiar información; tenemos indicios que en este mercado podrían cometerse este tipo de conductas que pudieran llegar a sería violatorias de la ley federal de competencia económica”, mencionó el funcionario.
¿Quiénes estarían bajo investigación?
Aunque aclaró que no puede entrar en detalles, Sergio López explicó que la investigación abarca a todos los involucrados en el fútbol profesional en México, desde jugadores, equipo y la Federación mexicana de Fútbol y que ésta inició el pasado 29 de junio de este año.
“Por términos legales no puedo entrar en detalle, lo que puedo compartir es que estamos investigando el mercado de fichajes en territorio nacional. ¿Quienes participan? Jugadores, clubes de futbol profesional, que tienen un dueño, una parte gerencial, está la Federación Mexicana de Fútbol, y los agentes y representantes de jugadores.
“Toda las personas que intervengan en este mercado. Podemos hacer visitas de investigación, podemos citar a las personas, o remitirnos a fuentes públicas de investigación y todas las personas pueden ser sujetas a investigación.
“La investigación inició desde el 29 de junio de 2018. La ley nos permite iniciar la investigación que tiene diversas etapas. La ley me ordena hacer pública la investigación desde 120 días que se cumplen hoy y pueden ser prorrogadas hasta en cuatro ocasiones, puede ocurrir en 600 días hábiles y va a hacer uso de las herramientas de investigación: visitas de investigación, citas, para ver si se realizan esas prácticas de monopolización”.
Las sanciones: Fuertes multas económicas o la cárcel
La resolución de esta investigación tendría dos caminos: La falta de elementos y, por ende, no existir delito a perseguir, o el dictamen de responsabilidad que derivaría en juicio y en caso de encontrarse responsable, las personas involucradas podrían enfrentar prisión.
“Los procedimientos están divididos en dos etapas, la primera es la investigación, cumplidos los 120 días hábiles podemos hacer una de dos cosas: decirle al pleno que se investigó y no se encontró nada o dar un dictamen de responsabilidad. Ahí la autoridad imputaría a quien resulte responsable.
“Después se hace un juicio a los probables responsables y ellos pueden defenderse, lo que es un debido proceso, presentar pruebas, etcétera. Cuando se cierra eso se da una resolución, eso quiere decir que si la defensa fue o no suficiente, el pleno decide y toma una determinación. Puede haber multas que van del 10% de los ingresos de las empresas. Las prácticas monopólicas absolutas son un delito y las personas podrían enfrentar prisión de 5 a 10 años. Estamos en etapa de investigación, ahora sería prematuro decir en qué va a terminar la investigación. Velamos porque los distintos mercados cuenten con competencia óptima”, detalló.
Aportar datos les salvaría de la cárcel
No obstante, López aclaró que en caso de que algún involucrado que pudiera realizar actividad monopólica y decide colaborar con la investigación, entraría al programa de inmunidad, lo que iría desde establecerle sólo sanciones económicas mínimas e incluso no ser ni condenados ni procesados penalmente, es decir, esquivar la cárcel.
“La ley federal de competencia económica también establece una figura que se denomina el beneficio de la reducción de sanciones o el programa de inmunidad. Esto consiste en que si alguna persona, empresa, persona física cree que pueda estar incurriendo o que cometió un acto que pueda considerarse como una práctica monopólica absoluta puede acercarse a la Comisión Federal de Competencia Económica en específico a la autoridad investigadora, aportar información que resulte relevante para la investigación y comprometerse a colaborar de forma plena y continua. Quienes así lo hagan pueden obtener beneficios de dos tipos: la reducción de las multas de manera escalonada, es decir, la primera persona que se acerque a decir ‘yo tengo información relevante’ sólo se le impondría una UMA, lo que es equivalente a un salario mínimo; segundo que se acerque sería un 50% de descuento, el siguiente 30%, el siguiente 20%. Pero lo importante es que en el tema penal tendrían inmunidad penal, es decir que no podrían ser condenados ni procesados por ese delito que también se establece en el código penal federal”, mencionó.