Ahogados: un drama ignorado

Benalmádena albergó durante tres días el II Congreso Internacional de Prevención de Ahogamientos, que organiza la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo. La RFESS, que tiene unas 10.000 licencias, asume labores de competición y formación, como todas las federaciones, pero también se ha atribuido una lucha social para intentar reducir el escalofriante número de ahogados en España. En los nueve primeros meses de este año, los fallecidos en espacios acuáticos del país han superado los 300, mientras que en 2017 se elevaron a un total de 481. Para que se hagan una idea del alcance sirve compararlos con los ciclistas muertos por atropello, un drama más conocido, que provoca una enorme sensibilización en la calle. El año más trágico fue 2001 con un centenar de víctimas mortales.

El problema del ciclismo se puede combatir con mayor eficiencia desde los organismos públicos porque está claro quién tiene la competencia: la Dirección General de Tráfico. ¿Pero quién se preocupa por los ahogados? La fatalidad afecta a Interior, a Sanidad, a Educación, a Turismo, a Deporte… Nadie se decide a liderar la pelea contra esta tragedia. Más bien al contrario: se mira a otro sitio. Esa denuncia ocupó la apertura de CIPREA 2018, en la que Isabel García Sanz, la presidenta federativa, volvió a hacer un llamamiento para que los políticos se hagan menos fotos cuando suceden catástrofes como la de Sant Llorenç, y busquen soluciones para un drama que se acerca a las 1.500 víctimas desde 2015. Una suma que, por cierto, la RFESS hace con recortes de periódicos, porque ninguna institución lleva las cuentas.