El PSOE denuncia a la FEF ante la Agencia Tributaria
Reclaman el pago del IBI al Ayuntamiento de Las Rozas, el impuesto de Sociedades, el impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, además de Actos jurídicos y Documentados desde el año 2009.
El PSOE de Las Rozas ha registrado hoy una denuncia contra la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ante la Agencia Tributaria por la exención del pago de impuestos y ante el Consejo Superior de Deportes para que se le aplique la ley de transparencia.
La denuncia reclama el pago del IBI al Ayuntamiento de Las Rozas, donde se ubica la Ciudad del Fútbol; así como del impuesto de Sociedades, del impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, además de Actos jurídicos y Documentados desde el año 2009.
El portavoz municipal del PSOE, Miguel Angel Ferrero, ha registrado esta denuncia en la sede de la Agencia Tributaria con los escritos del juez Santiago Pedraz y con unos informes del Consejo Superior de Deportes.
"Tanto la Agencia como el Ayuntamiento tienen que dejar de exonerar del pago de impuestos" a la RFEF. "No están cumpliendo con la ley, han presentado un panfleto en vez de cuentas", ha dicho a EFE.
"Se desprende de la investigación que las cuentas que presentan no tienen nada que ver con la realidad. De una manera desorbitada, tan grande que podemos decir que las cuentas son inexistentes", ha criticado el edil.
En este sentido, Ferrero ha explicado que su denuncia tiene como punto inicial 2009 y "evitando las prescripciones" se puede hablar de una deuda de "entre 100 ó 200 millones de euros". "Lo más importante es que no tienen que eximirse de ningún tipo de impuesto", apunta.
Al hilo de esto, ha subrayado que "las cuentas de la RFEF están adulteradas" lo que evidencia la auditoría que ha realizado en sus investigaciones el juez Pedraz.
Asimismo, Ferrero ha explicado que la denuncia ante el Consejo Superior de Deportes (CSD) tiene como motivo que durante años la RFEF ha rechazado las ayudas del Gobierno central por sus labores pero al haber recibido una ayuda de 150.000 euros "les han pillado".
"Lo que no quieren es que se conozcan los contratos que realizan o el sueldo de los directivos pero al haber recibido una ayuda de más de 100.000 euros están obligados por la Ley de Transparencia a detallar sus contratos", ha concluido.