El Circuit, intervenido por Hacienda por el referéndum
La instalación que alberga el GP de España de F1 entre las sociedades catalanas con vigilancia especial del gobierno, como otras trescientas en toda Cataluña.
“En defensa del interés general y en garantía de los servicios públicos fundamentales”. Eso es lo que debe comprobar el interventor de Hacienda al emitir un certificado en el que garantice que cualquier pago no está destinado al referéndum convocado por la Generalitat de Catalunya declarado ilegal por el Tribunal Constitucional. Y una de las entidades que están en el listado de 300 sociedades catalanas intervenidas por el gobierno español es el Circuit de Barcelona-Catalunya, exactamente Circuits de Catalunya S.L, establecida en el epígrafe de sociedades mercantiles.
Según informa El País son en total 300 sociedades entre las que destaca el circuit en el que se celebran las pruebas mundialistas de Fórmula 1 y MotoGP, pero hay otras vinculadas con el deporte como el Circuit de Motocross o el conocido CAR de Sant Cugat, el centro de alto rendimiento en el que entrenan muchos de nuestros deportistas olímpicos, entre otras deportivas, educativas o culturales.
La medida no tiene realmente una duración determinada y según Enrique Fernández de Moya, secretario de estado de Hacienda terminará “cuando desaparezca la situación de riesgo para el interés general en Cataluña o sea necesario para garantizar la prestación de los servicios públicos”.
Hacienda además ha pedido a las entidades bancarias colaboración para evitar el “referéndum ilegal”, según sus propias palabras con una vigilancia similar a la que se utiliza para luchar contra el blanqueo de dinero
Hacienda ha exigido al interventor de la Generalitat que entregue en 48 horas una lista de operaciones financieras del Govern. Y con ella en la mano, pedirá a las entidades "evitar" colaborar con un "referéndum ilegal" y comunicar a la Fiscalía cualquier pago o transferencia relacionada con este proceso. Montoro equipara esta vigilancia con la que ya efectúan los bancos con otras actividades ilegales, como el blanqueo de dinero tal y como informa 20 Minutos.
También en El País podemos leer que se estima que el gobierno catalán ha gastado 6,2 millones de euros en organizar la consulta. En cualquier caso, el gobierno español ha garantizado que pagará las nóminas de los trabajadores públicos de Cataluña, incluidos, claro está los del Circuit. Esta medida no debe afectar al correcto funcionamiento de una sociedad que está abierta durante el 89% del año y que es uno de los emblemas del automovilismo catalán, español y mundial.