Los estatutos del Real Madrid terminan en el Supremo
El grupo de socios que los demandó porque "nadie más que Florentino puede presentarse a la presidencia" ha recurrido al Tribunal Supremo.
El grupo de 15 socios que demandó los Estatutos del Madrid, encabezados por Rafael Martínez Campillo, han recurrido al Supremo la última sentencia de la Audiencia Provincial que les quitaba la razón. Este grupo de socios decidió demandar a la Justicia los últimos cambios estatutarios promovidos por Florentino Pérez y aprobados en la Asamblea Extraordinaria de 2012 que restringían notablemente el círculo de candidatables a la presidencia de la entidad. El proceso judicial sigue su curso, ahora, en el Supremo. Si la justicia le diera la razón a este grupo de socios, habría que volver a los anteriores estatutos y convocar elecciones nuevamente. De cualquier manera, este verano ya termina el último mandato de Florentino Pérez y habrá comicios (si alguien más que él consigue presentarse).
Los cambios estatutarios objeto de la demanda se aprobaron en la Asamblea de socios compromisarios del 30 de septiembre de 2012 y hacían referencia a dos puntos fundamentales: por un lado, a la antigüedad como socio para poder presentarse (pasaba de 10 años a 20 para el caso del presidente y de cinco a 15 para el del vicepresidente) y por otro, a las condiciones establecidas para el preaval del 15% del presupuesto (84 millones de euros), que desde aquellos cambios tiene que ser otorgado con patrimonio “exclusivamente personal” (nada de terceros) y por una entidad española (nunca del extranjero).
El proceso judicial que ha llevado a los estatutos del Madrid hasta el Supremo ha sido largo. La demanda fue admitida a trámite en abril de 2014. El juicio se celebró el 25 de noviembre de 2015 y en él fue determinante la postura de la fiscal, Marticorena, que defendió la tesis del Madrid, utilizando incluso algunos argumentos calcados de la contestación a la demanda que hizo el club blanco. Finalmente, el pasado 11 de febrero la juez Maricalva Arranz emitió su fallo. En él, justificó que el cambio de los Estatutos fue aprobado por el 89% de los votos de la Asamblea, que en las pasadas elecciones de 2013 "el 84,85% de los socios reunían" la antigüedad necesaria como socio para formar parte de la junta directiva en las Elecciones (y "un total de 29.979 socios podían presentarse a presidente") y que la obligación de preavalar es mancomunada entre el presidente y su junta directiva.
La juez no hizo hincapié, sin embargo, en que es la conjunción de ambas condiciones (preaval y antigüedad de socio) las que hace muy difícil que los socios se presenten a las elecciones. Las próximas se realizarán en verano de 2017. Tampoco se valoró el hecho de que la Asamblea de compromisarios del Madrid está dirigida por las irregularidades que posibilita el sistema de elección en su composición.