Los hechos violentos en La Corregidora endurecieron la seguridad de la Liga MX
Con las nuevas medidas implementadas en los dispositivos de seguridad, a la mayoría de los equipos se les incrementó hasta un 40% su presupuesto de gastos.
Nadie lo dice abiertamente. Inclusive en el entorno de la Liga MX, pareció por varias semanas como un secreto a voces, que los sucesos violentos de marzo pasado en el estadio La Corregidora entre los aficionados de Querétaro y Atlas, detonaron una problemática de seguridad entre los equipos del máximo circuito que habían soslayado simplemente para no afectar sus ya golpeados presupuestos financieros.
Pareciera que los dirigentes del máximo circuito quisieran haberle dado la vuelta a una problemática que ya tenía muchos torneos de haber sido detectado, inclusive con informes de que los clubes tuvieron por mucho tiempo un doble discurso con el manejo de los grupos de animación detectados como violentos, es decir, que por el lado de la opinión publica se les atacara y de manera interna se les apoyara con boletos y ciertos recursos para viajar a los partidos de visitantes.
Previo a estos actos, ya se habían suscitado brotes que presagiaban que pronto podría suceder un caso como el que generó una imagen lamentable de las medidas de seguridad en los estadios del fútbol mexicano.
Obviamente los sucesos de marzo también obligaron a que los altos mandos de nuestro balompié jerarquizaran de otra forma las exigencias de seguridad en sus respectivos estadios.
Fuentes consultadas por AS México aseguraron que los clubes de Liga MX llegaron a incrementar hasta en un 40% su gasto en seguridad tras los sucesos del 5 de marzo.
Las mismas fuentes explicaron que la mayor parte de este nuevo presupuesto en seguridad se utilizó en la contratación de recursos de seguridad tanto humanos como logísticos para salvaguardar la integridad de los aficionados en los estadios del futbol mexicano.
Entre las medidas más importantes se puede enumerar a la contratación de empresas de seguridad debidamente constituidas y que tengan registro ante la Secretaría de Seguridad Pública, tanto local como federal, lo cual por ende incrementó el gasto para los equipos.
Esta decisión triplicó los costos de contratación de empresas de seguridad y es lo que ha el mayor golpe que ha representado