La gestión de Ana Gabriela Guevara, una de las más ilustres deportistas mexicanas de todos los tiempos, al frente de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, ha estado salpicada de escándalos. Corrupción, desvío de recursos, emisión de facturas falsas y extorsión son algunas de las acusaciones que se ciernen sobre su figura, otrora totémica, hoy cuestionada. Gran parte de las quejas provienen de la auditoría que realizó en 2019 el Órgano Interno de Control de la Conade, el brazo ejecutor de la Secretaría de la Función Pública dentro del organismo, a la Subdirección de Calidad para el Deporte que, hasta agosto, estaba dirigida por Israel Benítez. El OIC informó el 27 de septiembre a Guevara y Benítez los hallazgos de la investigación: un daño al erario público por 50.8 millones de pesos. Tuvieron que pasar 286 días para que la SFP impusiera sanciones: el 9 de julio suspendió a Arturo Contreras, director de Alto Rendimiento; y el 13 de agosto destituyó a Benítez. Entre ambas determinaciones, Guevara prescindió de los servicios de Contreras; de Carlos Ramírez, director de Operación Fiduciaria; y de Sergio Monroy, subdirector general. Pero ella sigue indemne. Un año después de la auditoría, la SFP no ha emitido una sola resolución que mencione a Guevara, quien supo de las anomalías que sucedían bajo su cargo desde, al menos, el 27 de septiembre de 2019.

Las dudas en torno a la integridad de Guevara como funcionaria pública no provienen desde su estadía al frente del organismo que rige el deporte mexicano. Su historial se remonta, incluso, a sus inicios como atleta, durante el sexenio de Ernesto Zedillo. Su cercanía con la administración de Vicente Fox (2000-2006) está comprobada en una polémica condonación de impuestos de la que gozó en la recta final del periodo. Tras su retiro, en 2008, la sonorense ha transitado en variedad de cargos públicos: diputada, senadora, titular del Instituto del Deporte y de la Coordinación de Cultura Deportiva, Física y de Salud del Distrito Federal durante la jefatura de gobierno de Marcelo Ebrard, hoy secretario de Relaciones Exteriores y una de las figuras centrales del gobierno de López Obrador. AS hace una recopilación del sinuoso camino político de Guevara a un año de que la SFP diera a conocer las irregularidades en la repartición y comprobación de recursos del erario público en el organismo que preside la exatleta.

La XIX Universiada, celebrada en 1997 en Sicilia, Italia, marcó el inicio de la carrera de Ana Gabriela Guevara como atleta de alto rendimiento. El hito, no obstante, tiene sus bemoles. Dichos Juegos, organizados por la Federación Internacional de Deportes Universitarios (FISU), acredita exclusivamente a deportistas que cursen sus estudios en instituciones de educación superior. Según consignó la revista Proceso en marzo de 2020, la ahora directora de la Conade participó en la Universiada de Italia con la anuencia de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ). Dicha institución tramitó una “constancia de estudios” que permitió al Consejo Nacional de Deporte de la Educación inscribirla ante la FISU. El problema es que la corredora sonorense, como refrendó bajo ley en la declaración patrimonial inicial que todo funcionario debe presentar cuando ingrese a la administración pública, solo certificó haber terminado la secundaria.

En tal contubernio, Ana Guevara habría violado el reglamento de competencia de la FISU y el artículo 243 del Código Penal Federal, relativo a ‘falsificación de documentos en general’, lo que constituye un delito del fuero común. Para recibir la constancia de estudios de la UACJ, la exatleta debió haber presentado oficios falsos para ‘certificar’ el cumplimiento de sus estudios de bachillerato, cuestionó entonces Proceso. El Código Penal Federal, que incluye entre sus causales “que el falsario se proponga sacar algún provecho para sí o para otro”, estipula penas, en caso de documentos públicos, de cuatro a ocho años de prisión y 200 a 360 días de multa.

El historial académico de Guevara ha sido motivo de investigación periodística, pero no le ha evitado la asunción de cargos públicos. Si bien no hay ningún requerimiento legal que estipule un estándar mínimo de estudios para ocupar una curul en la Cámara de Diputados o en el Senado de la República, la campeona mundial de 400 metros planos en 2003 acredita en el Sistema de Información Legislativa haber cursado la preparatoria. La declaración patrimonial que debió cumplimentar al jurar como directora de la Conade la desmiente.

Su preparación escolar salió a relucir una vez más cuando tomó posesión del cargo. El gobierno de transición de Andrés Manuel López Obrador nombró a la medallista olímpica como directora general de la Conade para la administración 2018-2024 en agosto de 2018. Guevara rindió protesta el 13 de diciembre del mismo año, aunque no comenzó a ejercer formalmente hasta febrero de 2019. Si bien la Ley de Cultura Física y Deporte y la Ley Federal de las Entidades Paraestatales no obligan al titular de Conade a comprobar un nivel de estudios mínimo, la Descripción y Perfil del Puesto (reglas consagradas por la Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal) sí requiere, según las directrices aún vigentes, de un título de licenciatura. AS encontró, también, que el actual Perfil del Puesto (a la izquierda) exige un mínimo de experiencia de 12 años en adelante en las siguientes áreas: administración pública, derechos y legislación nacionales, comunicaciones sociales, administración, economía general, cultura física y deportiva y organización y dirección de empresas. No obstante, Guevara tampoco cumplía con tal requisito, pues asumió su primer empleo tras su trayectoria deportiva en 2008, diez años antes de su nombramiento al frente de la Conade. Su hoja curricular, disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia, lo confirma.

Guevara no solo ha contado con la aquiescencia de universidades, sino también de las autoridades fiscales del país. En octubre de 2006, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ordenó congelar cinco cuentas bancarias de la velocista, que entonces seguía en activo, por omisiones en su declaración de impuestos. La situación duró menos de un mes, ya que en noviembre sus cuentas fueron liberadas. Proceso documentó que Guevara no presentó ningún amparo ni entró en juicio fiscal, por lo que la única forma en la que sus recursos fueron descongelados debió ser por instrucción expresa de la Secretaría de Hacienda o del presidente de la República, posición que ocupaba Vicente Fox Quezada. Mario Di Costanzo, especialista financiero, vislumbró ‘tráfico de influencias’ en el proceso: “En todo caso pides una cita con Hacienda, expones tu caso y determinan (lo que hay que pagar). No es un trato para la generalidad. Evidentemente está utilizando una influencia. Es una situación anormal. Habría que revisar qué sucedió, si por una orden ‘de arriba’ se desistió Hacienda”, explicó al semanario el posterior diputado federal por el Partido del Trabajo, misma afiliación a la que se inscribió Guevara tiempo después.

Cuando solo habían pasado tres meses de su retiro de las pistas, en abril de 2008, Ana Gabriela Guevara inició su carrera como funcionaria pública. Fue Marcelo Ebrard, entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, quien cobijó a la excampeona mundial y le confió la coordinación de Cultura Deportiva, Física y Salud del Distrito Federal. “No voy a estar detrás de un escritorio. Mi trabajo será en el campo”, prometió la múltiple medallista mundial. Tras 56 días, Guevara estrenó oficina. Una carrera sin obstáculos, como los 400 metros planos. El 16 de junio del mismo año, la exatleta llegó a la dirección del Instituto del Deporte de la capital. Ya en funciones, la sonorense solicitó una ausencia de dos semanas, sin goce de sueldo ni viáticos, para asistir como comentarista de ESPN a los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. Guevara argumentó que ya había adquirido el compromiso con anterioridad. Además, la nueva titular del IDDF no asistió a la reunión que tenía con la Comisión del Deporte de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, en la cual debía informar los avances del Programa Operativo Anual 2008 y presentar el Reglamento de la Ley de Educación Física y Deporte. Guevara arguyó “errores de comunicación involuntarios”.

Así comenzó una serie de desencuentros entre la funcionaria y la Asamblea Legislativa, que escaló hasta que Miguel Errasti Arango, diputado del PAN, acusó que la licencia olímpica de Guevara violaba el artículo 12 fracción I de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Incluso, Errasti lideró a una facción de los ‘azules’ que pidió al jefe de gobierno la destitución de Guevara. Sin embargo, Ebrard zanjó: “No veo cuál sea el problema”. El alcalde argumentó que la directora del IDDF propuso una agenda de trabajo para invitar a México a entrenadores olímpicos, con los que se encontraría en Pekín, para que apoyaran su programa de activación física.

Durante su estadía en el IDDF, Ana Guevara acusó escasez de presupuesto. En 2008, el organismo recibió 150 millones de pesos. Al año entrante, los recursos disminuyeron hasta 70 MDP. Tal carestía provocó que no pudiera activar el Plan de Cultura Física y Deporte del Distrito Federal 2008-2012, la ‘joya’ de su administración, tal como reportó El Economista. El 12 de febrero de 2009, renunció al IDDF para postularse como candidata a la jefatura de la Delegación Miguel Hidalgo en representación del PRD. Ese fue el argumento oficial de su dimisión. Ana Laura Bernal, quien fungía como directora de Seguimiento y Comunicación Social, asumió la dirección general del Instituto. Meses después, Bernal pidió licencia de maternidad y Sergio Monroy, entonces subdirector de Normatividad y Enlace Institucional con Conade, tomó el mando del IDDF de forma interina. La sonorense, candidata de la coalición PRD-PT-Convergencia, perdió la elección delegacional de 2009 con el panista Demetrio Sodi (39.4% contra 33.45%).

Guevara desapareció por tres años de la vida política hasta que Andrés Manuel López Obrador la rescató del ostracismo. Fue el 27 de enero de 2012 cuando el entonces pre-candidato presidencial (por segunda ocasión) le propuso para ocupar una senaduría. “Haré que el deporte se convierta en una política y no en un planteamiento lateral. Una política de Estado, una plataforma dentro del discurso social”, refrendó en un acto público en el que acompañó al actual presidente de la República. Justo un día antes del espaldarazo, el SAT dio por concluida una subasta pública de una casa habitación que pertenecía a la exvelocista, quien aún sostenía un adeudo de 11 millones de pesos al ‘fisco’, por multas y recargos de IVA y ISR. Días antes, el SAT había incautado otro domicilio de la sonorense. La deuda provenía de las ‘irregulares’ declaraciones fiscales de 2004, 2005 y 2006, las mismas que le valieron el congelamiento de sus cuentas. Guevara obtuvo el tercer lugar en las votaciones del 1 de julio de 2012 (17.86%), por detrás de la priista Claudia Pavlovich (37.72%), actual gobernadora de Sonora, y el panista Francisco de Paula (34.89%); sin embargo, entró en el Senado bajo el principio de representación proporcional. Ya investida con el fuero constitucional, que la vuelve inmune a cualquier procedimiento judicial en su contra, los adeudos con el SAT desaparecieron de la conversación mediática.

Como senadora, Guevara presidió la Comisión Jurisdiccional y de Asuntos Migratorios, en la que incorporó a Sergio Monroy como secretario técnico. También fue secretaria de las comisiones de Administración y Relaciones Exteriores e integrante de las de Seguridad Pública, Gobernación y Bicameral para el Diálogo y la Conciliación en Chiapas. Después de dos legislaturas (LXII y LXIII), se unió a la tercera campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador, en 2018. La alianza política Morena-PT-PES la postuló a la diputación del distrito electoral 2 (Nogales, Sonora). El voto popular ahora sí la favoreció. Con el 42.23% de los sufragios, muy por arriba del 28.30% que puntuó Humberto Jesús Robles, del PRI, la exdeportista extendió su vida legislativa, y su fuero. El 4 de diciembre de 2018, tres meses después de haber ocupado su nuevo escaño, Guevara solicitó la licencia para separarse del cargo; la dirección general de la Conade ya tenía su nombre. Su curul fue ocupada por Ana Laura Bernal, quien también sustituyó a Guevara en el timón del IDDF 10 años antes. Durante su corto periodo en la LXIV legislatura, la exvelocista se ausentó en 10 de 19 votaciones del primer periodo de sesiones ordinarias del primer año.

Ya hemos repasado los antecedentes fiscales y académicos que pusieron en tela de juicio el ascenso de la campeona del mundo de los 400 metros planos a la dirección de Conade, pero es su trabajo en función lo que ha desatado al huracán. Todo comenzó cuando un mes y medio antes de la celebración de los Juegos Panamericanos de Lima, la administración de Guevara redujo becas económicas a 30 atletas de alto rendimiento. El organismo explicó que la cancelación de los apoyos se debía a una reestructura del padrón de beneficiarios y de los criterios para acceder a los estímulos. Guevara, además, esgrimió que había “atletas aviadores” que cobraban del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento sin cumplir con las normas. Los llamó ‘huachicoleros del deporte’. AS confirmó dicha información y divulgó la identidad de dichos atletas en agosto de 2019. Nabor Carrillo (judo) y Adriana Jiménez (clavadista de altura) fueron dos de las figuras más vocales durante el episodio. “Es un berrinche, lo único que hicimos fue ajustar los programas que mantienen las becas”, excusó Guevara antes de comparecer ante la Comisión de Juventud y Deporte de la Cámara de Senadores, donde expuso la precaria situación presupuestaria que atraviesa Conade: “Les adelanto que entramos en números rojos. Ya no vamos a poder pagar la luz”.

Las carencias no detuvieron la celebración de acuerdos y contratos sospechosos que se han convertido en el principal lastre de la gestión. Un reportaje publicado por Proceso el 16 de junio de 2019, titulado ‘Ana Guevara, en el carril de la corrupción’, sacudió a Conade. La investigación detalla el saqueo de los recursos del Fondo de Alto Rendimiento para el Deporte (FODEPAR) mediante una triangulación en la que participaban tres empresas (GC Rental Car, Proyectos Científicos y Tecnológicos del Sur, S. de R.L, y Volare Travel Shop, S.A de C.V), junto con las federaciones deportivas adscritas a Conade y tres altos cargos de la misma Comisión. La trama funcionaba de la siguiente forma: la federación tramita formalmente una solicitud para recibir dinero con un par de días de anticipación para determinado evento, las tres firmas mencionadas financian la operación (con sobrecosto y sin licitación para adquirir el contrato), y Conade, a través del FODEPAR, reembolsa el dinero a las federaciones por un costo mayor al que hubiera supuesto la organización si la solicitud se hubiese presentado con más días de antelación.

Israel Benítez (subdirector de Calidad para el Deporte), Arturo Contreras (director de Alto Rendimiento) y Faustino Jesús Díaz Muñoz (director de Apoyos a Federaciones y Atletas) fueron los funcionarios de Conade aludidos en el trabajo periodístico. En la ecuación también entra Carlos Fernando Ramírez Barrera, director del FODEPAR y de Operación Fiduciaria, quien es el encargado de liberar los fondos. Un ejemplo de la triangulación se encuentra en la Federación Mexicana de Taekwondo. Para el Abierto de Puerto Rico, celebrado en abril de 2019, la FMTKD habría solicitado un millón de pesos para un viaje de cuatro días y 22 personas. La cotización de Volare Travel Shop mostraba que cada boleto de avión costaría $28,600 pesos; dicha empresa ganó el contrato y facturó cada billete aéreo en $39,600. El esquema se repite, según Proceso, en otras federaciones, como en la de tiro deportivo. El semanario también documentó que los inmiscuidos emitieron facturas falsas para comprobar los gastos, práctica que el 15 de octubre de 2019 fue tipificada como ‘delito grave’ por la Cámara de Diputados y que amerita prisión preventiva de oficio.

El reportaje dejó el terreno preparado para otro frente: el nepotismo. El mismo texto desveló que personas cercanas a directivos de Conade fueron dadas de alta en el FODEPA sin que acreditaran razones para ello. Un caso particularmente ruidoso fue el Luz María Chávez, otra integrante del círculo cercano de Guevara desde el IDDF, quien recibía una beca de $35,000 en calidad de “entrenadora” de la nadadora Liliana Ibáñez, quien vive en Estados Unidos.

El 19 de febrero de 2020, Irma Eréndira Sandoval, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), compareció en la rueda de prensa matutina en Palacio Nacional para denunciar las irregularidades que la dependencia encontró en Conade. La SFP, a través del Órgano Interno de Control, realizó siete auditorías que arrojaron 22 observaciones. De las siete, una correspondió al FODEPAR, de la cual se emitieron seis observaciones; cinco seguían pendientes de resolución. La intervención de la SFP en Conade inició el 17 de junio de 2019, cuando el presidente instruyó al ministerio a iniciar una auditoría a raíz de varias denuncias ciudadanas, aseveró Sandoval. Las auditorías iniciaron el 1 de julio y analizaron el semestre enero-junio de 2019. Sandoval reveló que Conade no proporcionó toda la información solicitada durante las diligencias. La pesquisa concluyó el 27 de septiembre y la SFP fijó como plazo el 2 diciembre para solventar las observaciones que certificaron un daño al erario público de 50.8 millones de pesos.

Al final de su exposición, Sandoval condenó las anomalías: “Reflejan una actividad que desde la Función Pública no estamos dispuestos a tolerar, que es el abuso de los recursos e incumplimiento de las reglas”. Sobre la emisión de facturas falsas para comprobar el saqueo de los recursos de Fodepar, la secretaria aseguró: “Es grave, por la inmoralidad que esto supone”. Empero, Sandoval no ahondó en otras consideraciones: ¿los funcionarios acusados siguen en sus puestos?, ¿qué pasó después del 2 de diciembre, fecha límite para solventar las observaciones? La titular de la SFP afirmó que ya se encontraba en la etapa final del análisis de la auditoría para, posteriormente, enumerar qué observaciones no fueron atendidas. El proceso desembocaría en un informe de asignación de responsabilidades administrativas. La resolución se ralentizó de mayo a julio a causa de la pandemia del COVID-19, confirmaron a AS fuentes de la SFP.

El Órgano Interno de la Conade inició el 1 de julio de 2020 la auditoría número 12/2019, clave 11139, con descripción oficial ‘370 “Subdirección de Calidad para el Deporte” Primer semestre 2019”. AS encontró que la investigación ya estaba programada con antelación y formaba parte del Programa Anual de Auditorías; la Subdirección de Calidad para el Deporte iba a ser auditada de todas formas, con o sin instrucción presidencial. De hecho, en 2019, el Órgano Interno de Control ordenó cuatro auditorías a la administración de Ana Guevara y tres al último semestre del periodo a cargo de Alfredo Castillo, antecesor de la sonorense en la dirección general. Israel Benítez, titular de la instancia, firmó acuse de recibo del informe de los resultados el 27 de septiembre de 2019. Dicho documento también estaba dirigido a Ana Guevara y al director del Órgano Interno de Conade, Filiberto Otero. Por ende, Benítez y Guevara ya estaban enterados de las irregularidades en el seno de la Comisión desde, al menos, el 27 de septiembre de 2019. Finalmente, la SFP removió a Benítez de sus obligaciones 321 días después, aunque el castigo no obedeció a ninguna de las observaciones relativas al FODEPAR, sino por permitir que personas ajenas a Conade utilizaran instalaciones exclusivas para deportistas.

El informe confirma que la subdirección auditada tenía como plazo el 2 de diciembre de 2019 para solventar las observaciones; es decir, presentar prueba documental de que el daño se había corregido y que las prácticas irregulares no se repitieron. Sin embargo, ni el Órgano de Control, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, ni la Secretaría de la Función Pública han demostrado qué acciones emprendió Conade para mitigar el quebranto después del 2 de diciembre. Este medio intentó en numerosas ocasiones ponerse en contacto con Filiberto Otero: personal a su cargo excusó que, a causa de la crisis sanitaria, se ha mantenido ausente de su oficina y la Coordinación de Comunicación Social de la SFP no facilitó la entrevista.

El 29 de febrero de 2020, Proceso, junto con Quinto Elemento LAB, asestaron otro golpe a la credibilidad de Guevara. Los nuevos hallazgos demuestran que Conade celebró al menos tres contratos con empresas creadas durante el primer año del gobierno de AMLO. Una de ellas es Ostergard Rensen Consultors S.A de C.V., compuesta por cuatro socios, incluida María de Lourdes Karime Balut Escartín, exasistente de Ana Guevara en Senado de la República y actual trabajadora de la Comisión Federal de Electricidad. La empresa fue creada el 26 de marzo de 2019, con solo $4,000 de capital, y registrada ante notario el 10 de abril del mismo año. Con tan solo dos meses de existencia, Conade le otorgó un contrato, por adjudicación directa, de 1.4 millones de pesos por “servicios de consultoría legal, civil y migratoria”. Otras sociedades que repitieron modus operandi fueron Borgelund Consultores México, fundada con $2,000 el 2 de abril de 2019 y acreedora a un contrato de 1.8 mdp; y IPM Investigación Estratégica Social, establecida en enero de 2019.

AS posee una copia del contrato (folio SE-045-19) que Conade firmó con Ostergard Rensen Consultors el 6 de junio de 2019. En representación de la Comisión figuran José Omar Hernández Pliego, encargado del despacho de la Subdirección de Administración, y Marisela Rafael de la Cruz, coordinadora de Normatividad y Asuntos Jurídicos. Por Ostergard firmó Jesús Eberth Alonso Ruelas, quien también es socio mayoritario de la compañía. El contrato estuvo en vigencia del 1 junio de 2019 y al 31 de diciembre del mismo año y estipula en sus declaraciones iniciales (II.8) que ‘el proveedor’ (Ostergard) proporcionará su documentación a la Secretaría de la Función Pública y al Órgano Interno de Control de la Conade. Durante la exposición del 19 de febrero de 2019, la secretaria Sandoval no consignó a las empresas creadas ‘al vapor’ ganadoras de contratos millonarios. AS halló que Ostergard no figura en el Registro Único de Proveedores y Contratistas del gobierno federal, ni siquiera como 'empresa registrada en Compranet'. Proceso documentó, amparado en grabaciones de audio filtradas, que Sergio Monroy participó en la creación de Ostergard y presionó a Balut Escartín para que fungiera como prestanombre.

En medio de tal vorágine, Proceso también público a lo largo de varias entregas desde mediados de 2019 cómo la dirección de Conade usó indebidamente la partida presupuestaria denominada ‘Capítulo 3000’, destinada a contratar servicios temporales. A través de este régimen, la Comisión empleó a 306 personas desde diciembre de 2019 (después de las auditorías del Órgano Interno de Control), que se hicieron acreedoras a salarios que oscilan entre $25,000 y $45,000. El presupuesto está asignado a la Subdirección de Calidad para el Deporte, que debe destinarlos, de acuerdo a las reglas de operación, como inversión a favor de atletas y entrenadores. En cambio, la partida ha servido para colocar a amigos y familiares de los directivos de la Comisión en la nómina, sin que ningún documento avale la presentación del servicio contratado. Las irregularidades apuntan, principalmente, a Israel Benítez, quien habría incluido, al menos, a 15 ‘aviadores’ con sueldo a costa del erario; uno de los más notorios es Ricardo Salazar Benítez, sobrino del funcionario, quien recibía $31,000 mensuales.

A las acusaciones de desvío de fondos, nepotismo y corrupción contra Guevara y su séquito se sumó una nueva: extorsión. El 5 de mayo de 2020, El Financiero dio parte de una denuncia interpuesta ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas del Estado de Veracruz en contra de la directora general de la Conade y de Armida Adriana Ramírez, expriista veracruzana y presunta colaboradora de Guevara. El demandante es Carlos Donaciano Solórzano Pineda, representante de la empresa de catering Cocinas Industriales Multifuncionales de Calidad S.A de C.V (CIMCSA), con sede en Boca del Río, Veracruz. La historia comenzó cuando Conade abrió el expediente 1964553 ‘Contratación Abierta del Servicio de Alimentación para Deportistas y Entrenadores’, que cayó en manos de CIMCSA por adjudicación directa. El contrato estuvo activo desde el 14 de agosto de 2019 hasta el 31 de diciembre del mismo año y su importe sin IVA fue de $22,449,059.25.

A pesar de que el tipo de expediente es de ‘adjudicación directa’, como se puede comprobar en Compranet, Conade habría pedido 'requisitos extra' para asignar el contrato, más allá de que la empresa cumpliera con las especificaciones técnicas del acuerdo. Según El Financiero, el apoderado legal de CIMCSA acusó que Guevara y Monroy pidieron $150,000 como condición para autorizar el contrato y, además, un 15% del valor total como contraprestación. Hasta diciembre de 2019, Conade no había realizado ningún pago a CIMCSA, según acusó El Financiero y confirmó AS con otra fuente. No fue sino hasta el 31 de diciembre, cuando la Comisión emitió una factura por $16,901,500, cifra que no constituye el monto total del contrato original. AS tuvo acceso a una breve grabación en la que la fuente identifica a Sergio Monroy; el subdirector de Conade pide a su interlocutor: “Si no ofertan lo que estamos esperando, van a quedarse sin alguien más”. El audio forma parte de la investigación de la SFP.

En febrero de 2020, relata El Economista, Armida Adriana Ramírez exigió a CIMCSA un nuevo pago, ahora de $2,900,000, por ‘comisión’. Finalmente, la operadora financiera del contrato se citó con Donaciano el 19 de marzo de 2020 en un centro comercial de Xalapa, Veracruz, donde Ramírez se valió de un representante de la fuerza pública (‘comandante Corona’, según el texto periodístico) para forzar el pago, amenaza física mediante. El 25 de marzo, Donaciano cedió y facilitó el dinero al elemento de la Fuerza Civil, cuyo paradero actual se desconoce. Como la fiscalía veracruzana no canalizó el caso a la Fiscalía General de la República, CIMCSA presentó una segunda demanda, ahora a nivel federal. Habían pasado 26 días desde la primera querella.

Por si fuera poco, Guevara aún tiene otra cuestión abierta desde 2008. Se trata de un proceso judicial derivado de la compra-venta de una residencia amueblada en el lujoso fraccionamiento de Los Encinos, en Lerma, Estado de México. En aquel entonces, la exvelocista abonó 4.5 millones de pesos y firmó contrato con la propietaria del inmueble, Leticia Eugenia Melo Goytortúa. Sin embargo, Guevara jamás terminó de liquidar el pago, por lo cual acumuló varias multas por penalización. El procedimiento se alargó hasta octubre de 2018, cuando el juez vigésimo-séptimo de lo Civil en la Ciudad de México, Carlos Miguel Jiménez Mora, resolvió a favor de la actual titular de Conade. El letrado concedió la razón a la sonorense al argumentar que Melo Goytortúa fue quien incumplió el trato, porque “jamás entregó las escrituras”.

AS consultó a tres personajes clave en la trama: Beatriz Pereyra, periodista de Proceso, autora de gran parte de las revelaciones; Xóchitl Gálvez, senadora de la República y secretaria de la Comisión de Anticorrupción Transparencia y Participación Ciudadana del Senado; y Ernesto Vargas, diputado federal y presidente de la Comisión de Deporte del Congreso de la Unión. Todos coinciden en que la ley debe aplicarse sin importar nombres y que cualquier omisión minaría la credibilidad del gobierno de la ‘Cuarta Transformación’, que ha convertido el combate a la corrupción en su principal estandarte.

Gálvez denunció a Guevara ante la Fiscalía General de la República por la emisión de las facturas falsas. “Lo único que quiero decirle a Ana Gabriela Guevara es que no es un ataque a su persona. El éxito de la demanda depende del resultado de la (investigación) de la Función Pública”, augura. Si la SFP absuelve a Guevara, Gálvez seguirá en pie de batalla, ya que, para ello, la Secretaría tendría que comprobar que Conade cumplió con corregir las anomalías: “Habría que revisar cuáles fueron las solventaciones. Si entregó facturas falsas, ¿qué hizo para enmendarlo? ¿Entregó nuevas facturas? ¿Devolvió el dinero? Habría que analizar cuál es el dictamen final y, si hay inconsistencias en la información, la Fiscalía General de la República está obligada a investigarlas”.

Para Beatriz Pereyra, las condiciones están dadas para que la SFP decrete sanciones ejemplares a todos los niveles, como ya sucedió con Benítez y Contreras. Y Guevara incluida, por omisión, al menos. Las pruebas son contundentes y las faltas no son menores. “El daño ya está hecho y es irreversible (…) La ley es muy clara y habla de omisión o comisión de actos indebidos por parte de los servidores públicos. No olvidemos que Rosario Robles (titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y de la Secretaría de Desarrollo Social durante el sexenio de Enrique Peña Nieto) está en la cárcel por haber sido omisa por la manera en la que personal con el que trabajó utilizó a universidades públicas para malversar recursos. Es el mismo caso. No solamente no denunció a los servidores públicos, los ha defendido, los ha solapado, y ha permitido que sigan teniendo estas prácticas irregulares en Conade”, explica la periodista.

Ernesto Vargas acusa que la gestión de Guevara está viciada de origen. La directora general de la Conade ya había fallado en deliberar diligencias primarias que exige su cargo, como el Plan Nacional para Cultura Física y Deporte. “En un periodo de 90 días desde que asumió debía presentar un informe de entrega de recepción en el que diera parte de lo que encontró respecto a la anterior administración. La ‘caca’ del pasado. No lo hizo. Ese fue su primer error. El plazo para entregar el Plan Nacional venció en marzo de este año. Tuvo tiempo, casi año y medio”, detalla Vargas. Consecuencia de esto, Conade opera sin una estrategia, denuncia el legislador, quien actúa como un control institucional desde el Congreso de la Unión para fiscalizar a la gestión de Guevara: “Le fueron a preguntar a qué se debía y su respuesta fue: 'Ni esperen el plan' (…) Me queda clara la poca responsabilidad que existe para generar un programa integral que busque mejorar las condiciones actuales”, lamenta.

Vargas también reveló que se ha reunido con la secretaria Sandoval para extenderle sus preocupaciones sobre los movimientos en Conade y facilitarle las pruebas documentales que tiene en su poder. Repitió procedimiento con Sergio Monroy, quien le prometió investigar a fondo el caso, pero jamás obtuvo respuesta: “Me dijo: ‘Diputado, cuente con esto. En 20 días le mandamos una carpeta resolviendo y respondiendo todas las preguntas que nos acaba de hacer’. Pasaron los 20 días y no llegó nada”.

"Comprobar con facturas falsas es un delito. Si desviaste los recursos, no hay manera de que los ‘desdesvíes’. Estoy segura de que no va quedar en la impunidad y tanto ella como sus servidores públicos que han tenido estas prácticas irregulares con el dinero público serán sancionados”, vaticina Pereyra. Gálvez coincide en que es imposible obviar la contundencia de las pruebas: “Deben de fincarse responsabilidades. Hoy, el delito de corrupción se castiga con prisión preventiva oficiosa, es un delito grave. Si no se hace, este gobierno estará traicionando su principio, que es el combate a la corrupción y la impunidad. Espero que sea capaz de castigar a los funcionarios actuales y no solo a los del pasado”. Vargas también es severo en su escrutinio a la sonorense: “Mi respeto a esa figura que nos juntó a los mexicanos para verla en la pista; cero respeto a la Ana Guevara que se sigue llevando el oro, pero, ahora, el del pueblo de México. Es una oportunidad para el gobierno federal de demostrar que sí son diferentes, que sí llegó a gobernar para que este tipo de personas ya no tengan en sus manos la facultad de administrar el dinero de la gente”.

Mientras la crisis sanitaria continúa en el país y a la SFP se le acumulan los expedientes (los ventiladores del IMSS Hidalgo, los costales de maíz perdidos a SADER), Conade aún acusa las réplicas del terremoto institucional-mediático. Funcionarios van y vienen. Ya no están Benítez, ni Contreras, ni Monroy, pero el sísmo no ha tocado, hasta ahora, a Ana Guevara.