USA deporta a cientos de venezolanos a prisiones de El Salvador saltándose las sentencias judiciales en contra
La deportación de más de 200 venezolanos a El Salvador por parte de Estados Unidos, ha generado un conflicto legal y críticas por el uso de una ley de 1798.
En una operación que ha generado controversia internacional, más de 200 venezolanos presuntamente miembros de pandillas fueron deportados de Estados Unidos a una prisión de máxima seguridad en El Salvador.
Estos traslados ocurrieron incluso después de que un juez federal estadounidense bloqueó las expulsiones, lo que ha desatado un debate sobre el respeto al debido proceso y la legalidad de la acción.
El presidente salvadoreño Nayib Bukele confirmó a través de redes sociales la llegada de 238 supuestos integrantes de la pandilla venezolana Tren de Aragua y 23 miembros de la MS-13. Un video compartido por Bukele muestra a los deportados esposados de pies y manos mientras son escoltados por oficiales armados desde los aviones.
Los detenidos fueron trasladados inmediatamente al Centro de Internamiento del Terrorismo (Cecot), una megacárcel con capacidad para 40,000 personas que ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos por el presunto maltrato a reclusos.
La deportación se produjo después de que el presidente Donald Trump invocara la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una legislación que permite la detención y expulsión de ciudadanos de naciones “enemigas” sin los procesos legales habituales.
Trump acusó al Tren de Aragua de “perpetrar, intentar y amenazar con una invasión o incursión depredadora contra el territorio de los Estados Unidos” y afirmó que los miembros de la pandilla participaban en una “guerra irregular” contra el país.
Horas después de anunciada la operación, el juez federal James Boasberg en Washington DC ordenó una suspensión de 14 días de las deportaciones, pero para entonces los aviones ya habían despegado. Según informes, el juez emitió una orden verbal para que los vuelos regresaran, aunque esta directiva no formó parte de su decisión escrita.
La Casa Blanca, a través de su secretaria de prensa Karoline Leavitt, negó haber violado el fallo judicial, argumentando que “la orden, que no tenía base legal, se emitió después de que los extranjeros terroristas ya habían sido expulsados del territorio estadounidense”.
La aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros, utilizada por última vez durante la Segunda Guerra Mundial para internar a estadounidenses de origen japonés, ha sido condenada por grupos de derechos humanos como Amnistía Internacional, que calificó las deportaciones como “otro ejemplo más del ataque racista de la administración Trump” contra los venezolanos “basándose en afirmaciones generalizadas de afiliación a pandillas”.
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Por su parte, Venezuela criticó duramente la medida, señalando que “criminaliza injustamente la migración venezolana” y “evoca los episodios más oscuros de la historia de la humanidad”.
El acuerdo entre Estados Unidos y El Salvador, facilitado por la relación cercana entre Trump y Bukele, ha fortalecido los lazos diplomáticos entre ambos países. Bukele ofreció su país para recibir a los deportados, como parte de su lucha contra el crimen organizado.
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