Trump impone sanciones a Mexicana de Aviación y México sentencia que AIFA esta mejor ubicado que el AICM
Tras las sanciones impuestas por Estados Unidos a la aviación mexicana, México defiende al AIFA como el mejor aeropuerto para carga. UPS y FedEx ya operan desde ahí. Te explicamos el conflicto.
El conflicto aéreo entre México y Estados Unidos ha escalado a una nueva fase diplomática y técnica. A solo días de que el gobierno de Donald Trump anunciara sanciones contra la aviación mexicana por supuestas violaciones al acuerdo bilateral de aviación, México ha salido a responder con un posicionamiento oficial: el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) está mejor ubicado para las operaciones de carga que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
México defiende su decisión y argumenta razones logísticas
En un documento enviado originalmente al Departamento de Transporte (DOT) de Estados Unidos desde 2023, y reactivado esta semana tras el anuncio de sanciones, el gobierno mexicano explicó que la reubicación de los vuelos de carga al AIFA se basó en un dictamen de Protección Civil. Alejandro Varela, entonces coordinador jurídico de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), firmó la carta que fue dirigida a Benjamín J. Taylor, director de aviación internacional del DOT.
“El AIFA está mejor ubicado que el AICM para las aerolíneas de carga debido a la menor distancia a los principales centros de distribución en el Estado de México”, señala el documento, donde se precisa que compañías como UPS y FedEx ya utilizan esa terminal por su cercanía a zonas industriales clave y su mejor logística.
Además, el gobierno mexicano subraya que los vuelos de carga no requieren la proximidad a zonas urbanas como los vuelos de pasajeros, por lo que las condiciones del AIFA son más adecuadas.
¿Qué reclama el gobierno de Trump?
El Departamento de Transporte estadounidense acusó al gobierno mexicano de incumplir el Acuerdo Bilateral de Servicios Aéreos al ordenar la salida de las aerolíneas cargueras del AICM. Según sus argumentos, esto alteró las condiciones de competencia, beneficiando presuntamente a ciertas aerolíneas, como Aeroméxico, que mantienen operaciones en dicho aeropuerto.
Las sanciones, entre las que se incluye una mayor vigilancia a las rutas y requisitos adicionales de documentación para las aerolíneas mexicanas, generaron una respuesta inmediata de la industria aérea mexicana.
El gobierno mexicano niega discriminación y reafirma compromiso
México sostiene que la medida de reubicar los vuelos de carga no viola el acuerdo bilateral ni representa una acción discriminatoria. “La competencia entre aerolíneas de carga no depende del aeropuerto de origen o destino, sino de su alcance regional”, detalla el escrito.
Ángel Domínguez, presidente del Colegio de Pilotos Aviadores de México, aseguró que la postura del gobierno mexicano ha sido técnica y no política: “Con el acuerdo se han beneficiado ambos países. Especialmente en rutas de playa, donde también participan aerolíneas estadounidenses”.
Además, la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) informó que el 82 por ciento de la carga entre México y Estados Unidos ya se moviliza por aerolíneas especializadas en carga que han aumentado sus operaciones desde el AIFA.
Aerolíneas solicitan prórroga en el marco del conflicto
Mientras tanto, aerolíneas como Delta y Aeroméxico pidieron una prórroga al DOT para presentar argumentos que respalden su derecho a operar bajo la Inmunidad Antimonopolio. Este esquema les permite coordinar vuelos entre ambos países, pero ahora está bajo revisión por posibles beneficios desproporcionados derivados de las restricciones en el AICM.
También Viva Aerobus y Allegiant apoyaron la solicitud de aplazamiento hasta el 2 de septiembre, ya que buscan desde hace tiempo permisos similares de operación conjunta.
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México y Estados Unidos deberán resolver el conflicto dentro de los canales diplomáticos y técnicos del acuerdo bilateral. Por ahora, el gobierno mexicano reiteró su compromiso con la seguridad y eficiencia operativa y señaló que no existe una obligación de justificar cada decisión técnica ante el DOT, especialmente si estas responden a normas de protección civil o eficiencia aeroportuaria.
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