Tren Maya: Juez ordena suspensión contra ramos 3,4 5 norte y 6
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) pide al Poder Judicial respetar y ejecutar la suspensión definitiva.
El Juzgado Primero de Distrito en Yucatán otorgó una suspensión definitiva contra los tramos 3,4 5 norte y 6 del proyecto Tren Maya, informó el Centro Mexicano de Derecho Ambiente A. C(CEMDA).
Lo anterior luego de que en julio del 2020 la organización junto a comunidades indígenas, campesinas, urbanas y costeras de Campeche, Yucatán y Quintana Roo presentó un amparo por las afectaciones ambientales.
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El fallo ordena que se frene la tala o desmonte en los siguientes tramos:
Denunciantes demostraron pertencer a las comunidades afectadas
De acuerdo al comunicado emitido por CEMDA, el Juzgado de Distrito consideró que las personas quejosas demostraron su interés en la obtención de la medida cautelar al acreditar su pertenencia a las comunidades posiblemente afectadas por los cambios de uso de suelo y demostraron el vínculo que tienen con los servicios ambientales que presta el ecosistema vulnerado.
¿Por qué es importante?
Porque protege a la selva y sus servicios ambientales, se impide que continúe el desmonte y tala de la vegetación forestal que no está contemplada en los cambios de uso de suelo.
CEMDA pide al Poder Judicial mantener y ejecutar la suspensión definitiva, y actuar con mayor diligencia para garantizar el respeto a los derechos humanos ambientales de las comunidades y organizaciones ya que en suspensiones emitidas anteriormente, asegura la asociación, las autoridades responsables no han acatado las determinaciones establecidas.
“Continuar con las actividades de tala y desmonte para la construcción del megaproyecto “Tren Maya” sin haber obtenido las autorizaciones de cambio de uso, pueden generar que las comunidades y organizaciones resientan una afectación en su derecho a un medio ambiente sano de carácter irreparable”, afirma el escrito.
El Tren Maya es uno de los proyectos insignia del presidente Andrés Manuel López Obrador, pese a que ambientalistas, organizaciones, especialistas, geólogos, científicos, comunidades originarias y ciudadanos aseguran que representa un ecocidio y la masificación de actividades locales, además de atentar contra patrimonio arqueológico.