Qué es y cuándo entra en vigor la Ley General de Población que obligará a tramitar la CURP biométrica

Las comisiones unidas de Gobernación y Estudios Legislativos del Senado aprobaron el dictamen para que la CURP biométrica se convierta en un documento oficial de identidad. Esta propuesta busca que dicha CURP sea válida para múltiples trámites oficiales, otorgándole un carácter legal equivalente al de otras identificaciones oficiales.

Sin embargo, esta iniciativa ha generado fuertes críticas por parte de la oposición, especialmente del coordinador del PAN, Ricardo Anaya, quien advirtió que la medida podría facilitar el espionaje a ciudadanos. Según Anaya, el Gobierno Federal podría “teclear tu CURP y acceder a toda tu información personal”, incluyendo movimientos y datos sensibles.

Pese a las advertencias, Morena y sus aliados defienden la propuesta, argumentando que servirá como una herramienta clave para labores como la búsqueda de personas desaparecidas. Mientras tanto, el dictamen aún no ha sido aprobado en el pleno, por lo que no es oficial. Se espera que el 27 de junio se discuta en la Cámara de Senadores, donde PAN y PRI ya anticiparon su voto en contra.

La llamada CURP biométrica consistirá en una plataforma donde, usando el número de CURP, las autoridades podrán consultar datos biométricos como huellas digitales, firma e iris. Esta información estará almacenada en una Plataforma Única de Identidad, que entraría en funcionamiento tres meses después de su aprobación legislativa.

Entre los principales riesgos señalados por la oposición está el acceso masivo del gobierno a datos personales. Según Anaya, con esta herramienta podrían saber desde tus compras en Amazon hasta tu ubicación en tiempo real, tus hábitos diarios y con quién te reúnes. “Están creando una herramienta de espionaje masivo”, afirmó.

La organización Red en Defensa de los Derechos Digitales también expresó su preocupación, advirtiendo que considerar a la CURP biométrica como fuente única de identidad puede derivar en una vigilancia masiva del Estado, violando la privacidad de los ciudadanos.

Además, señalaron que condicionar el acceso a servicios públicos y privados a una autenticación biométrica representa un riesgo de discriminación y exclusión social, con consecuencias graves para los derechos humanos. La discusión sigue abierta y polarizada mientras se acerca la fecha para su posible aprobación definitiva.