Nueva jubilación anticipada en México: estos son los únicos trabajadores que podrán acceder a ella

La presidenta Claudia Sheinbaum firmó esta semana dos nuevos decretos, y uno de los más destacados fue la reducción gradual de la edad mínima para jubilarse, una medida largamente exigida por el magisterio nacional. La iniciativa fue celebrada como un avance histórico, aunque esconde limitaciones clave que han pasado desapercibidas en varios medios.

El decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación, no aplica a todos los trabajadores del Estado, sino únicamente a aquellos que aún conservan los derechos del régimen anterior del ISSSTE, bajo el décimo transitorio de la Ley de 2007.

En otras palabras, quienes migraron al sistema de AFORES no serán beneficiados y deberán seguir jubilándose bajo el esquema de capitalización individual.

Los únicos beneficiarios son los docentes y empleados estatales que optaron por mantenerse en el sistema tradicional de beneficios definidos. Según cálculos oficiales, este grupo representa entre el 25% y 30% del total, lo que equivale a unos 2.1 millones de trabajadores a nivel nacional.

El ajuste a la edad de jubilación será paulatino, iniciando en 2025 con una reducción mínima y progresando hasta estabilizarse. Por ejemplo, en 2025, los hombres podrán jubilarse a los 58 años y las mujeres a los 56. Para 2034, la edad bajará a 55 años para hombres y 53 para mujeres, siempre que se cumplan los requisitos de 30 años de servicio para hombres y 28 para mujeres.

No obstante, la medida ha provocado inconformidad en otros sectores del servicio público, especialmente entre quienes se vieron obligados por desinformación o presión a cambiar al régimen de cuentas individuales. Estos trabajadores, muchos de ellos jóvenes, han quedado completamente excluidos del nuevo beneficio.

Además, se estima que el impacto fiscal de esta reforma superará los 36 mil millones de pesos, lo que ha encendido las alertas entre analistas financieros. A pesar de ello, el gobierno federal defiende la medida como un acto de justicia para el magisterio que ha sostenido al sistema educativo público durante décadas.

Aunque el decreto representa un avance simbólico y político importante, también refleja que la promesa de una jubilación digna continúa pendiente para millones de trabajadores del Estado.

La medida se ha interpretado en algunos sectores como una concesión estratégica para calmar a los maestros, cuya capacidad de movilización sigue siendo una de las más poderosas del país.

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