Entregó su terreno para salvar a sus hijos acusados de robo: cuando llegó al juicio, esto fue lo que ocurrió

En un reciente fallo, el Juez Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en Chiapas, Eduardo Garibay Alarcón, emitió una orden histórica que revoca el contrato de cesión de un terreno que una mujer de la comunidad de Chilón fue obligada a entregar a cambio de la liberación de sus hijos, acusados de haber robado en un centro de salud local.

Este fallo ha atraído la atención no solo por su implicación legal, sino también por la controversia que genera el uso de los “usos y costumbres” en comunidades indígenas. El proceso, iniciado en 2019, ha puesto en evidencia irregularidades graves que vulneraron los derechos de la mujer afectada.

Los hechos que llevaron a este conflicto ocurrieron el 4 de julio de 2019, cuando dos hermanos fueron acusados de robar varios artículos de la Casa de Salud de la Ranchería de Campo Bolontina. Tras el robo, los pobladores de la comunidad los retuvieron, y aunque la policía intentó intervenir,

Los habitantes se negaron a entregar a los acusados, exigiendo que la solución fuera resuelta de acuerdo con las tradiciones locales. La única forma en que los hermanos serían liberados era pagando el valor de lo robado, más una multa, lo que obligó a la madre de los acusados a ceder su terreno.

El pago, que inicialmente parecía ser una solución dentro de los parámetros establecidos por los usos y costumbres de la comunidad, resultó en una serie de violaciones a los derechos humanos de la madre. El terreno fue entregado no directamente a la comunidad, sino a un Agente Auxiliar Municipal, lo que despertó sospechas sobre la legalidad del acuerdo.

Además, el valor de la multa y la cantidad exigida para la liberación de los hermanos era desproporcionada, lo que generó aún más cuestionamientos sobre la legitimidad de la transacción.

Al presentar un amparo, la madre de los acusados buscó la intervención del sistema judicial para revisar las condiciones bajo las cuales se había realizado la cesión del terreno. El Juez Garibay Alarcón dictaminó que, si bien los usos y costumbres de la comunidad tenían un marco legal dentro de la Constitución, también debían respetar los derechos humanos. El juez resaltó que la mujer no tenía ninguna relación con el crimen y que obligarla a entregar su propiedad como parte del pago por un delito ajeno era una violación clara de sus derechos.

En su sentencia, el juez también destacó que la mujer, como indígena, viuda y de escasos recursos, se encontraba en una posición vulnerable frente a los pobladores de la comunidad, quienes usaron su poder para hacerle exigencias desmedidas bajo el pretexto de aplicar sus tradiciones. La relación asimétrica de poder entre los involucrados hizo que la mujer, al estar en una situación de desesperación por la seguridad de sus hijos, aceptara la cesión del terreno, que además terminó siendo entregado a una persona ajena a la comunidad.

El fallo también subraya que la cantidad exigida a la madre para liberar a sus hijos no correspondía con el valor de los bienes robados. Este aspecto del caso pone de manifiesto las desproporciones que a menudo se generan en situaciones donde los habitantes de una comunidad ejercen su propio sistema de justicia sin el debido control externo.

Finalmente, el juez ordenó revocar el contrato de cesión del terreno y estableció medidas para proteger a la mujer, garantizando que no fuera objeto de represalias por parte de la comunidad. Sin embargo, el caso no termina ahí: se resolvió que la comunidad y los acusados deberían encontrar un acuerdo sobre la restitución de los bienes robados, sin que la madre fuera nuevamente afectada en su propiedad.

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