En qué consiste la Ley Telecom: las claves del nuevo proyecto y cómo puede afectar a las telecomunicaciones

La Junta de Coordinación Política del Senado de la República anunció la realización de cinco conversatorios públicos con el objetivo de abrir el debate en torno a la iniciativa de Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Esta decisión se da tras la controversia generada por el contenido del dictamen, que ha sido duramente criticado por sectores sociales, académicos y políticos por posibles implicaciones de censura y control gubernamental.

Los foros serán organizados por las comisiones unidas de Radio, Televisión y Cinematografía; Comunicaciones y Transportes; y Estudios Legislativos. La intención es analizar de forma plural y transparente los distintos aspectos de la iniciativa, así como demostrar que su aplicación no busca limitar la libertad de expresión. Se busca también responder a inquietudes sobre artículos específicos, como el 109, que ha sido señalado por permitir el bloqueo de plataformas digitales.

Los conversatorios se llevarán a cabo del 8 al 22 de mayo e incluirán temas clave como políticas del sector, acceso al espectro, plataformas digitales, radiodifusión pública y derechos de audiencias. Serán transmitidos por el Canal del Congreso y plataformas digitales, y se habilitará un micrositio para registro, envío de preguntas y seguimiento. La participación estará abierta a expertos, representantes de medios, académicos y actores clave del sector.

La iniciativa propone, entre otros puntos, abrogar la ley vigente y sustituir al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) con un nuevo regulador dependiente del Poder Ejecutivo, lo que ha encendido las alarmas sobre la pérdida de autonomía del sector.

También plantea sanciones económicas a quienes difundan propaganda extranjera que viole normas nacionales, y otorga a la Secretaría de Gobernación la facultad de suspender contenidos en medios y plataformas digitales.

Ante las críticas, la presidenta Claudia Sheinbaum ha mostrado apertura al diálogo y aseguró que el artículo 109 podría eliminarse o modificarse para disipar cualquier sospecha de censura. Organismos como la ONU han llamado a respetar los derechos digitales, la privacidad y la libertad de expresión, y han urgido a mantener procesos consultivos amplios que consideren los estándares internacionales.

El proceso inicial de aprobación, calificado como “fast track” por la oposición, fue impulsado por la mayoría oficialista, lo que provocó reacciones de empresarios, periodistas y organizaciones civiles. Ante la presión pública, se optó por pausar la discusión del dictamen en el pleno del Senado y abrir un espacio de reflexión a través de estos cinco foros temáticos.

Por su parte, el presidente del IFT, Javier Juárez Mojica, defendió la labor del organismo autónomo, destacando que, en 2025, ya generaron ingresos superiores a los previstos para todo el año. Mojica hizo un llamado al Congreso para garantizar los recursos necesarios que aseguren la transición institucional sin vulnerar los derechos laborales de los trabajadores del IFT.

La polémica en torno a la nueva Ley de Telecomunicaciones se ha convertido en uno de los temas legislativos más sensibles del año. El resultado de los conversatorios será clave para definir si se realizan cambios de fondo a la iniciativa, si se retira el dictamen o si se impulsa su aprobación con modificaciones. Mientras tanto, el debate sobre el equilibrio entre regulación, derechos ciudadanos y libertad digital sigue abierto.

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