Así es la nueva ley en México que traerá importantes cambios y nuevos requisitos para usar Internet

Con 77 votos a favor y 30 en contra, el Senado de la República aprobó en lo general el dictamen que da paso a la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, una legislación que modificará de fondo el acceso, vigilancia y regulación de servicios digitales en México.

Entre los cambios más polémicos está que los proveedores estarán obligados a entregar datos de usuarios y colaborar con la geolocalización de dispositivos sin necesidad de orden judicial.

Uno de los puntos que fue eliminado del dictamen es el controvertido artículo 109, que otorgaba al Gobierno la facultad de bloquear aplicaciones y plataformas digitales. Esta medida había generado gran oposición de activistas y organismos internacionales por el riesgo de censura que representaba. Con su eliminación, se disipa una de las preocupaciones más visibles respecto al abuso de poder estatal.

Entre las nuevas disposiciones también se incluye que será obligatoria la CURP para contratar servicios de internet, en el caso de personas físicas, y el RFC en el caso de empresas.

Aunque se asegura que la libertad de expresión no será perseguida judicialmente y que las comunicaciones privadas seguirán siendo inviolables, varios legisladores manifestaron su escepticismo ante estas garantías.

Además, la ley establece que los concesionarios deberán almacenar los datos de los usuarios durante dos años, y estarán obligados a entregarlos a las autoridades en un plazo máximo de 24 horas si son requeridos. También deberán cooperar en la geolocalización en tiempo real de equipos móviles, lo cual ha sido criticado por convertir a México en un posible “Estado espía”, como advirtió el senador del PAN, Ricardo Anaya.

Un cambio estructural importante es la desaparición definitiva del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), que será reemplazado por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, encargada de regular y coordinar la gestión del espectro y los servicios.

También se crea la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, un nuevo órgano con independencia técnica formado por comisionados propuestos por el Ejecutivo y ratificados por el Senado.

En el tema de contenidos, el dictamen prohíbe a medios nacionales transmitir propaganda política de gobiernos extranjeros, permitiendo únicamente materiales turísticos, deportivos o culturales. De no respetarse esta norma, las empresas de medios y plataformas digitales podrían enfrentar multas de hasta el 5% de sus ingresos, según lo establece el proyecto.

Finalmente, quienes defienden el dictamen aseguran que tiene un enfoque social, ya que busca llevar internet de banda ancha a zonas marginadas, beneficiando a más de 15 millones de mexicanos. Además, la ley fortalece a los medios comunitarios, indígenas y afromexicanos. La senadora del PT, Lizeth Sánchez, afirmó que este dictamen representa “un paso fundamental hacia un México más justo, conectado e inclusivo”.

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