Adiós a la publicidad: la nueva Ley de Telecomunicaciones en México que pone freno a los anuncios

La nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión representa un cambio significativo en el panorama digital del país. Una de las medidas más destacadas es la prohibición de transmitir propaganda política o ideológica financiada por gobiernos extranjeros en medios nacionales, tanto tradicionales como digitales. Solo se permitirá publicidad turística, cultural o deportiva, con el fin de evitar injerencias internacionales, especialmente en contextos electorales.

El nuevo marco legal también contempla incentivos económicos para empresas que expandan cobertura en zonas marginadas, como regiones rurales o carreteras sin conectividad. A estas compañías se les ofrecerán descuentos en el pago por uso del espectro radioeléctrico, lo que busca incentivar la inversión en infraestructura para reducir la brecha digital.

Entre las reformas más sensibles está la nueva regulación sobre la venta y activación de chips telefónicos. Será obligatorio presentar una identificación oficial vigente para adquirir o activar una línea móvil, lo cual se plantea como una medida para combatir el uso ilícito de líneas telefónicas y mejorar el control de las telecomunicaciones en el país.

La ley también pone énfasis en fortalecer los derechos de los usuarios, garantizando acceso a equipos desbloqueados, recargas disponibles en cualquier establecimiento, y llamadas gratuitas a servicios de emergencia.

Además, las personas con discapacidad deberán tener acceso a tecnologías adaptadas, y se establece que niñas y mujeres deben disfrutar de igualdad de condiciones en el acceso a servicios de telecomunicación.

En lo operativo, se busca simplificar y homologar los trámites para instalar infraestructura, así como obligar al soterramiento de cables en desuso. Se contempla que antes de cualquier nueva regulación, se realicen consultas públicas dirigidas por el nuevo organismo regulador: la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.

La ley también abre la puerta a que el Estado sea proveedor de servicios de internet, tanto en esquemas comerciales como en modalidades de uso público que prioricen la conectividad gratuita en espacios gubernamentales y zonas sin cobertura.

Asimismo, se fortalecerá a las redes comunitarias, indígenas y afromexicanas, permitiéndoles acceso a espectro y financiamiento con hasta el 10% del presupuesto de comunicación social.

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